cara a cara

En medio de la huelga de hambre indefinida, liderada por el presidente del Comité pro Santa Cruz, el Gobierno acusó a dirigentes cívicos y a plataformas ciudadanas por la violencia del martes anterior. El único detenido se sometió a un juicio abreviado y fue sentenciado en tiempo récord a tres años de prisión, pero se libró de la cárcel. Su declaración es la base para implicar a opositores en los daños a edificios públicos. No vaya a ser que se repita la fórmula del caso terrorismo para iniciar una cacería de dirigentes de instituciones cruceñas con el fin de desactivar las movilizaciones de defensa del voto del 21-F. Suficiente angustia hubo ya con el juicio del caso Rózsa, en el que para librarse de la cárcel algunos de los acusados se declararon culpables y salpicaron a otros ciudadanos que, incluso, terminaron extorsionados, según denuncias y testimonios del exfiscal Marcelo Soza, que huyó a Brasil tras liderar una feroz persecución judicial a opositores al Gobierno.

El MAS celebra hoy los 13 años de su primer triunfo electoral. En esos comicios ganó con el 53,7%, convirtiéndose en un gobierno fuerte y poderoso. Hoy no parece contar con el mismo respaldo ciudadano. El domingo, por ejemplo, el Gobierno publicó una encuesta en la que aparece con el 35% en la intención del voto, o sea casi 20 puntos debajo de su primera victoria. Aunque dice no creer en las encuestas, curiosamente el oficialismo se apoya ahora en una que lo muestra lejos de lo que fueron tiempos de victorias arrolladoras.

Hay poco ya para decir y reclamar por las pérdidas que producen los cercos de los transportistas. Van varios bloqueos y no cambian los choferes ni avanza el reordenamiento que esperamos los ciudadanos. ¡Qué impotencia!