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| 19/06/2017


YPFB: nuevo error

Desde la cárcel donde está por corrupto, el primer presidente de YPFB de este Gobierno, Santos Ramírez, de profesión maestro rural, pronostica que los problemas de la empresa no se resuelven con la destitución del contador Guillermo Achá del cargo, porque dentro de la corporación se han organizado ‘grupos intocables’: mafias. Pero hay otra razón para temer que la designación de Óscar Barriga no haya sido un acierto. Su especialidad es la comercialización y la industrialización de hidrocarburos. Es la primera vez que, en este Gobierno, llega a ese cargo alguien que sabe algo de la materia.

Si le preguntáramos a un entendido en la actividad petrolera, nos diría que lo que hace falta hoy en el cargo de presidente de YPFB es alguien especializado en ‘up stream’ y no en ‘down stream’. Traducido, esto quiere decir que ahora lo que necesita la empresa es encontrar en las profundidades los hidrocarburos que existan y subirlos (‘up’) a superficie, y lo necesita con desesperación. Luego vendrá, si se tiene éxito en esta etapa, la necesidad de contar con expertos en llevar esa producción ‘ducto abajo’ (‘down’) hacia los mercados y la industrialización. Lo malo es que Barriga es especializado en comercialización e industrialización.

Pero la tarea que ha dado a Barriga el presidente, de revisar todos los contratos suscritos por la empresa, quizá lo tengan muy ocupado y no encuentre tiempo para dedicarlo ni al up stream ni al down stream. Lo primero que encontrará es que lo único que fue ‘up’ en la empresa fueron las comisiones y los sobreprecios, como dice el profesor Ramírez. Él recuerda que la planta separadora de Río Grande fue cotizada, cuando era presidente de YPFB, en $us 60 millones, pero terminó costando, ya con sus sucesores, alrededor de $us 300 millones. Y el profesor sabe distinguir las diferencias entre estas cifras. Mucha tarea para Barriga. Entrará en las entrañas de la empresa que firmó contratos por muchos miles de millones de dólares y que se apresta a firmar otro más, por $us 2.200 millones, para una planta de polipropileno cuya factibilidad operativa ya está en duda. 








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