Opinión

Volteretas

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8 de enero de 2018, 4:00 AM
8 de enero de 2018, 4:00 AM

A menos de 24 horas de posesionar a nuevos magistrados y de llamar a  los médicos a retornar a sus  labores, pues consideraba que había acabado el conflicto que desde hacía mes y medio mantenía en jaque a los sistemas de salud de todo el país, el presidente dio una nueva voltereta y anunció que pedía a las cámaras legislativas que derogasen los artículos más controvertidos del nuevo Código Penal, que activó uno de los peores conflictos bajo el Gobierno del MAS. La decisión ha puesto en aprietos a las autoridades legislativas que se prodigaron en revestir de legalidad al código que habían aprobado semanas antes. De esa perplejidad también estuvieron embargados los ministros que a capa y espada lo defendieron y en el trayecto denostaron a los médicos con una masiva campaña propagandística. 

Aún no está disipada la humareda del conflicto, pero los analistas adelantan que al Gobierno se le ha vuelto complejo seguir apostando por la ‘plurielección’ del presidente. No son pocos los observadores que temen que la realidad resulte mala consejera, capaz de precipitar medidas para salir del atolladero.  

Uno de los logros del conflicto ha sido robustecer la tendencia antiprorroguista que crece en la sociedad boliviana y evidenciar que cualquier rumbo autoritario puede ser frenado con recursos democráticos. Al fin de cuentas, esa corriente es la que se impone en toda la región.
La posesión de nuevas autoridades judiciales ha estado a contramano de esa realidad. El discurso del presidente Morales para alentar a los 24 magistrados no ha ayudado mucho, pues es probable que los propios jueces perciban la fragilidad sobre la que se asienta su mandato.

Ninguno podría alegar que es grato instalarse con el 7,31% o el 9,73% o, peor, un 5,12% de votos, de acuerdo al suplemento especial que publicó EL DEBER sobre la discutida elección del 3 de diciembre. Esos porcentajes esmirriados contrastan con el más del 64% que registró la votación nula y blanca en rechazo a la elección. Decir que el sistema es único en el mundo tampoco es halagador. Sería obvio preguntarse si el sistema es tan efectivo, por qué en seis años no ha mostrado eficacia en Bolivia ni ha crecido el puñado de municipios y condados que lo adopta en el mundo. Una primera tarea para los designados sería ilustrarse a fondo sobre el régimen de elección judicial directa y, aterrizando en el país, determinar el grado de autonomía con el que podrán operar.

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