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| 20/01/2019


¿Uso o abuso de recursos públicos?

Resulta ominoso dejar pasar la noticia de que el presupuesto en el Ministerio de Comunicación se elevó un 351% para el año 2019; en efecto, llama la atención el incremento desmedido de Bs 150 millones en 2018, a Bs 527 millones para 2019, dentro del cual el Viceministerio de Política y Estrategia Comunicacional de Bs 52 millones a Bs 452 millones para dicho año.

Ante ello, resulta indispensable identificar primero la percepción del ciudadano y luego si resulta legal y ético la forma de administración y destino de dichos recursos.

Para los que creen en las viejas formas de política donde las masas son instintivas y poco pensantes, basta hacer un sondeo para identificar en contrario la percepción social de que el uso de dichos fondos se destinarían para difundir la campaña electoral del partido de gobierno en 2019, abusando del aparato estatal, claro está, para camuflar la real incidencia de los recursos.

Pero si bien existe un álito de legalidad formal al aprobar la ley mediante el cuórum requerido, el hecho de que se apruebe en el PGE semejante disparate innecesario de aumento en recursos, nos lleva a identificar el paupérrimo parlamento que otrora fuere el máximo poder del Estado.

¡Allí están otra vez los levantamanos, obedientes a las órdenes del supremo ejecutivo! No existe una voz oficialista que pida y exija la mínima justificación ante semejante administración insana de la cosa pública.

Y es que insistiremos en que la conducta de los servidores públicos debe regirse por el sometimiento pleno a la Constitución Política del Estado, ya que si no les es posible tener autodeterminación y valores ético morales para defender los recursos del pueblo por simple lógica, les es obligatorio leer y asesorarse que los artículos 37 y 77 de la carta magna, constituyen a la salud y educación como funciones supremas y primera responsabilidad financiera del Estado, por lo que con un esfuerzo mínimo en razonamiento, interpretarían que al percibirse una educación decadente con los valores por los suelos; una salud desastrosa con filas de personas en un viacrucis diario, sin medicamentos ni personal especializado suficiente; y donde la justicia como máximo valor constitucional se encuentra en el estado más deplorable desde la época republicana; ¿de dónde nace la necesidad y justificación si es que las hay, a fin de destinar semejante incremento para difundir a la sociedad la “gestión estatal”?

Seguramente cualquiera con un mínimo grado de instrucción dirá que prefiere salud efectiva, educación eficiente y justicia material para él y su familia, en vez de estar mirando por horas en TV patear pelota al presidente, o la inauguración de un coliseo u obras aquí o allá, que constituyen más una obligación efectiva que el deber de su publicación con discursos extendidos. Quien escribe percibe, que la ideologización social populista en los más de 12 años de gobierno con un evidente sometimiento y cooptación de los órganos legislativo, judicial y electoral, sumado al irrespeto del voto popular y la CPE en un referéndum del 21-F que al parecer nunca se aplicará ni tendrá efecto legal, solo rememoran una simbiosis entre la importancia dada a la propaganda nazi de Goebbels y la estrategia de comunicación patriotera Stalinista para dominar a las masas, mismas que convergían en el odioso culto a la personalidad y en la repetición incansable de mentiras para transformarlas en verdades; todo con el único fin de mantener y consolidar el poder, por encima de los derechos y libertades ciudadanas.








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