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| 22/05/2018


Una luz de esperanza

El 24 de abril, el alcalde de La Paz promulgó la Ley 294, de Prevención y Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, quizás la medida más destacada en defensa de esta población que se ha tomado en los últimos 10 años en Bolivia. Busca prevenir la erotización precoz de las niñas, una práctica que se ha naturalizado de tal modo que forma parte de las manifestaciones culturales más comunes en nuestra sociedad y se reproduce en eventos escolares, comunitarios, folclóricos y deportivos, y está presente en los medios de comunicación y en la publicidad.

Una de las virtudes de esta norma es poner en evidencia al ‘adultocentrismo’, una ideología poco analizada, que explica las causas de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes. El adultocentrismo asume que las niñas y niños son personas incompletas, que no tienen capacidad plena para integrarse por sí mismas a la vida social, económica y cultural del país, y que sus derechos solo los pueden ejercer con la autorización, interpretación y decisión de los adultos.

Es por este modelo que los padres, maestros o tutores deciden exponerlas, a través de posturas, maquillaje y vestimenta, a una hipersexualización impropia para su edad y muy riesgosa en su propio entorno. En estas decisiones, no se pedía la opinión de las niñas ni se consideraban los riesgos. 

A partir de esta ideología se explican los factores que generan la vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y que en Bolivia se concretan en violencia física, sicológica, social y sexual, pobreza, explotación y abandono. 
Bolivia es probablemente uno de los países en los que la violencia contra esta población se expresa de manera más dura y múltiple. La organización Una Brisa de Esperanza señala que una de cada tres niñas y adolescentes sufre violencia sexual antes de cumplir los 18 años, lo que nos convierte en el segundo país con más víctimas en América Latina.

Al ser los  niños y adolescentes el eslabón más débil de la cadena social, sobre ellos recae con más rigor el efecto de la disminución progresiva de autoestima, la degradación de valores familiares, como efecto de una sociedad acostumbrada a la erotización prematura. Sociedades permisivas de las que familias  y unidades educativas son parte, promueven consciente o inconscientemente el culto al cuerpo, incitando imitaciones burdas impuestas por el adultismo, con vía libre al hedonismo, al individualismo competitivo y al consumismo, bajo seudoprincipios que son, en realidad, contravalores. 

Esto se ha agravado en los últimos años por los retrocesos en la protección, por la irresponsabilidad y desidia del Gobierno central, que amplió la brecha entre la creación de normas y su  efectivo cumplimiento y que nunca desarrolló  políticas públicas que beneficien realmente a esta población, lo que a su vez favoreció la impunidad y generó una falsa sensación de protección e insensibilización social en torno a la violencia.

A estas causas se suman la permanencia de hábitos sociales como el alcoholismo, el consumo de drogas, la pornografía, la violencia intrafamiliar, la violencia escolar, además de prácticas culturales que resultan agresivas y vulneradoras de sus derechos.

Por eso, acciones como las asumidas por el Gobierno Municipal de La Paz no solo son plausibles, sino que debieran ser imitadas por otros municipios y gobernaciones, en el entendido de que es cada vez más necesario un cambio sustantivo en la orientación política, social y jurídica para garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia.  

Este cambio debe plantearse desde las perspectivas de la inteligencia emocional, como del ‘amor liberador’, y basarse en el hecho de que las niñas, niños y adolescentes no son objeto, sino sujetos de derecho, en toda circunstancia y en cualquier ámbito, y que su condición de tales les da una naturaleza genuina, concreta y digna que no puede ser condicionada, mediada ni postergada.








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