OPINIÓN



| 18/04/2017


Una declaración democráticamente demoledora

La conformación de un bloque han formado seis connotados políticos nacionales, entre los que figuran dos expresidentes de Estado, un vicepresidente y un gobernador, ha despertado una inusitada reacción oficialista basada en la diatriba y la apelación al pasado político de cada uno de ellos.  La reacción se enmarca no solo en el estilo de apelación discursiva del régimen, sino, además, expresa la imposibilidad de refutar la realidad brillantemente traducida en la declaración.

La claridad de la Declaración Conjunta en Defensa de la Democracia y la Justicia, firmada por cada uno de ellos, es un documento escueto, de redacción simple, en el que se denuncia el deterioro de la democracia boliviana en sus aspectos de mayor incidencia. 

No se trata de una proclama, sino de una denuncia, y no se trata de un artificio partidario, sino de una reconstrucción de la representación social más allá de las organizaciones políticas formales. El documento ha roto el silencio ciudadano después de una década de hegemonía masista.

 Frente a esto, el oficialismo no tiene discurso. La dificultad gubernamental en neutralizar el poderoso mensaje de la declaración estriba en que no ideologiza nada, no es de derecha ni de izquierda, afinca en la conciencia ciudadana y democrática del pueblo boliviano y en la certidumbre de que lo denunciado hace parte de la verdad, una categoría tan echada a menos por el Gobierno.

Como no se trata de una bula papal, es obviamente un documento político. Político en el sentido pleno del término, es decir, es un documento de hombres libres capaces de romper ataduras con sus propios aparatos partidarios en nombre de la comunidad. Esto hace muy difícil neutralizar su efecto porque al final de todo, el ciudadano de a pie ha encontrado en ellos lo que más temía el oficialismo; los representantes de los no representados en el Estado Plurinacional  








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