OPINIÓN



| 11/01/2018


Un paro cívico diez años después

La última vez que se paró en Santa Cruz fue en 2008. Arreciaba entonces una dura polarización política y una incesante confrontación entre la llamada ‘medialuna’ y el Gobierno de Evo Morales. El comité cívico, estrechamente  cercano en ese momento a la Gobernación, protagonizaba una vez más una intensa pugna para que se respete el IDH y para que se reconozca la demanda autonómica departamental. A la cabeza de la entidad estaba Branko Marinkovic, actualmente perseguido por el oficialismo, después del caso Rózsa y de la toma de instituciones, ocurrida en septiembre de 2008.  Fueron las últimas batallas callejeras del Comité pro Santa Cruz con el Gobierno y el final de un ciclo de la historia de una entidad que encabezó después de 1950 y hasta el nuevo siglo una diversidad de luchas por reivindicaciones de una región casi siempre marginada y discriminada por el centralismo. 

En medio de una inédita persecución de dirigentes locales, el Comité pro Santa Cruz ha continuado durante la última década enarbolando banderas, pero con mayor cautela y con algunas dubitaciones en sus estrategias de lucha. Ha sido muy complicado para los conductores cívicos que se han sucedido en este periodo lidiar con el Gobierno más duro y autoritario de los últimos tiempos. Más difícil ha resultado mantener la cohesión de la institucionalidad cruceña, sobre todo por las claras maniobras del oficialismo para conquistar a sus líderes o para asustarlos de forma permanente. Eso explica la contención cívica en los últimos años y el abandono de las tradicionales medidas de fuerza que arrancaron históricas conquistas como las regalías petroleras, la autonomía municipal, la descentralización y hasta la propia recuperación de la democracia. 

Al optar preferentemente por actitudes conciliadoras en momentos en que se exige firmeza y coraje, el comité cívico ha recibido críticas de algunos actores, sobre todo ahora que el Gobierno desconoció los resultados del 21-F e insiste en postular otra vez al presidente. La lucha contra el nuevo Código Penal ha sido el disparador final de la arriesgada decisión del Comité pro Santa Cruz de retomar el costoso recurso del paro. 

No es nada fácil intentar una protesta de esta magnitud en la región más poblada de Bolivia; sobre todo, por la heterogeneidad de su composición social y por el enorme sacrificio económico que conlleva la suspensión de actividades. Es muy posible que la extrema medida no cambie de inmediato la realidad política boliviana. Sin embargo, pondrá a prueba una vez más el temperamento de una sociedad convocada a superar el temor y a romper su indiferencia frente a las intenciones de cambiar las reglas del juego de la convivencia pacífica en democracia. 








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