¿Tenemos un Gobierno democrático?

La movilización por el 21-F ha puesto en escena varios temas: respeto por la ley y la Constitución, defensa del veredicto popular, majestad del voto libre y consciente, alternancia en el poder, grandeza o mezquindad de los gobernantes, sistema democrático y sus cualidades, procedimientos electorales y derechos humanos (DDHH).

Solo un sistema democrático permite dilucidar estos temas y problemas con la seriedad principista y metodológica necesarias. ¿A alguien se le ocurre exigir a una dictadura el respeto a los DDHH? ¿O decirle a un gobernante que su mandato tiene límites establecidos por la voluntad popular? Es conveniente preguntar qué es democracia y cuáles son los criterios para juzgar la naturaleza democrática o no de un gobierno. 

Abraham Lincoln planteó el siguiente concepto de democracia: “Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Es una definición principista y del deber ser. Un conjunto de expertos y académicos nos presentaron conceptos fecundos. Roberto Dahl plantea cualidades que definen la democracia y un gobierno democrático: separación de poderes, elecciones libres, tribunal electoral imparcial, respeto por la ley, la Constitución y los DDHH; alternancia de gobernantes, sistema multipartidario, medios de comunicación plurales, etc.

El cumplimiento total, parcial o mínimo de estas cualidades tipificaría gobiernos democráticos plenos, parcialmente democráticos, poco democráticos y nada democráticos.  

No es suficiente ganar elecciones para ser gobierno democrático si se niega y viola los DDHH o si se conduce el país amparado en su capricho antes que en las leyes. Hitler accedió al poder por el voto popular, pero nadie pensará que su desempeño fue democrático. Lo mismo con los gobiernos de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Evo Morales o Daniel Ortega, cuyo desempeño no es democrático pese a ganar elecciones. El voto popular es una condición y cualidad, pero no suficiente.

En el caso de nuestro Gobierno, en los hechos, ¿no es el Ejecutivo quien nombra a las autoridades judiciales, legislativas y electorales? ¿Tenemos elecciones libres? ¿Acaso no hay votantes, sobre todo en el área rural, presionados para votar por un candidato u otro? ¿Qué sucede con un Tribunal Supremo Electoral con mayoría de exfuncionarios del Gobierno? ¿Nuestros gobernantes se comportan y guían sus decisiones bajo el respeto y cumplimiento de la ley, la Constitución y los tratados y convenios internacionales? ¿No rige el viejo principio leninista de cumplir la ley si conviene y si no, pisotearla? ¿Qué pensar cuando el Gobierno cree que la reelección indefinida es un derecho humano y los límites puestos al mandato gubernamental son restricciones a sus derechos humanos? ¿Es democrático poner obstáculos desde el Gobierno para el funcionamiento de organizaciones políticas? ¿Declarar que los medios de comunicación son los principales opositores es democrático?  Juzgue, usted, amigo lector, si tenemos o no un gobierno democrático.