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OPINIÓN



| 22/07/2018


Sinvergüenzuras impunes y peligrosas

Ningún cambio de leyes o de procedimientos será suficiente para desterrar uno de tantos males que nos agobian: la pésima administración de justicia. No importa cuál el gobierno o desde qué sector de la sociedad se promueven esos cambios: al final, se repite el mismo resultado, que no es otro que un contundente fracaso. En Bolivia lo sabemos muy bien. Ya hemos experimentado casi todo, copiado recetas foráneas al pie de la letra o modificado otras a criterio de los consultores de turno. Todos los intentos han fracasado, sin que las secuelas de esos fracasos hayan sido capaces de hacernos reaccionar como sociedad.

¿Qué es lo que está frenando el estallido del descontento ante la cada vez más burda y brutal falta de justicia en Bolivia? ¿Qué es lo que impide que se desborde la indignación de quienes padecen a diario los azotes de policías, fiscales y jueces que actúan contra las leyes y los derechos fundamentales de las personas? ¿Cuál el poder, cuál la fuerza, cuál la maña de quienes tuercen el Derecho, atendiendo a contubernios cada vez más atrevidos y perversos, cuyos fines nada tienen que ver con la búsqueda de verdad y de justicia? ¿En qué lugar oscuro se tejen esos pactos siniestros que se cobran víctimas a diario?

Difícil tarea la de encontrar respuestas a tantas preguntas, aunque por momentos parece ser sencillísima, por la obviedad de los hechos, por el exceso de pruebas contundentes, como las que acabamos de recabar en dos casos relativamente nuevos. Distintos entre sí, pero a la vez próximos por las paradojas que arrojan sus contrastes. Uno de ellos, el del frustrado atraco a Eurochronos ocurrido el 13 de julio del año pasado; el otro, una curiosa demanda contra dos activistas del Colectivo Árbol, presentada en octubre pasado. Ambos en Santa Cruz de la Sierra. El primero, sin víspera de cierre. El segundo, aceleradísimo.

No hay punto de comparación entre ambos, si hablamos del impacto de cada uno y de los daños provocados. El primero se cobró la vida de cinco personas y otras siete quedaron heridas; además, reveló graves errores de mando en el operativo policial, desafortunadas declaraciones de las autoridades de Gobierno y una débil actuación fiscal, marcada por demoras en la investigación, prórrogas innecesarias e incapacidad de someter a su mando a los jefes policiales. ¿Pueden creer que hasta hoy, cuando pasa más de un año, la Fiscalía aún no ha identificado a los autores de las muertes y de los heridos en Eurochronos?

El otro caso es un verdadero absurdo, pero he aquí que este sí avanza a la velocidad del atleta Usain Bolt. Un absurdo, porque los demandados son dos defensores de los árboles, a los que no se les ha probado delito. Su demandante taló un árbol que no debía, tal como lo advirtió la autoridad municipal en su momento. Pero nada de esto importa a los fiscales y al juez que siguen la causa. Ni los argumentos de defensa ni las pruebas (ya desaparecidas del cuadernillo de investigación, por si acaso). A puertas cerradas, sin oír otras voces, el juez ha ordenado medidas sustitutivas para los defensores de los árboles.

Las irregularidades vistas en uno y otro caso están siendo denunciadas a viva voz por las víctimas y sus familiares. No son solo palabras. Cada uno aporta pruebas documentadas. Pero tal parece que nada de todo esto vale a la hora de administrar, o mal administrar, justicia. Solo vale el contubernio que hay entre los que tienen en sus manos la privilegiada tarea de hacerlo. A ellos no les han llegado los cambios de forma hechos a lo largo de las últimas décadas para corregir los entuertos de la justicia. Ni les llegarán. He aquí el gran y verdadero peligro.







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