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| 29/10/2017


Sinvergüenzuras al troche y moche

Bolivia ha entrado definitivamente en la nefasta dinámica del refrán que reza que “lo poco espanta y lo mucho amansa”. Lo prueba no solo el nuevo escándalo de corrupción destapado en el Banco Unión, sino también las decenas de casos denunciados antes en otras reparticiones públicas dependientes tanto del Gobierno central, como de los niveles departamentales y municipales. En todos los casos, sin excepción, la regla ha sido idéntica al momento de enfrentarlos de manera oficial: minimizar sus estragos, señalar a un par de subalternos como cabecillas y encarcelarlos, obviando las cadenas que pueden llevar a las cabezas principales de los esquemas delincuenciales que permiten la corrupción.
En cada uno de los casos hechos públicos hay también otras marcas comunes: deficiente trabajo en las primeras diligencias policiales, inestabilidad en los equipos de fiscales que designa el Ministerio Público, jueces timoratos que dejan expuesta su dependencia del poder político y la connivencia cada vez más notoria de otros actores de la sociedad civil o de organismos internacionales llamados eventualmente para acompañar investigaciones, pero que ceden y transan sus pareceres a cambio de favores económicos o políticos. Todo esto contribuyendo a un solo propósito: garantizar la impunidad de los corruptos y evitar llegar a la verdad de los hechos, en detrimento de los bienes y derechos públicos.
A cada caso, parece que esa perversa maquinaria de corrupción es perfeccionada por los que la operan tras bambalinas. No precisamente a través de mecanismos sofisticados y de difícil percepción, como fueron en su momento los fraudes financieros internacionales de impacto global, sino echando mano de recursos simples y obvios como los vistos hoy en el desfalco al Banco Unión (ya los vimos antes en el caso dron en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, entre otros), solo posibles y factibles por el alto nivel de sinvergüenzura al que han llegado los involucrados de manera directa e indirecta en esos robos descarados. Es notoria la falta de pudor al robar, al exhibir lo robado y al tratar de negar lo innegable.
La sinvergüenzura toma cuenta no solo de los autores materiales de los crímenes, como lo demuestra en demasía el ejemplo de Pari, exgerente de operaciones en una pequeña agencia del Banco Unión en Batallas. También está presente en cada autoridad que forma parte de la cadena de responsabilidades en las instituciones públicas robadas, así como en las llamadas a investigar, denunciar, procesar y castigar a los criminales. No llamar a un hecho de corrupción por su nombre y tratar de camuflarlo como robo menor, es nomás una sinvergüenzura, al igual que calificar de “insignificante” una suma de 40 millones de bolivianos, tratar de justificar la desaparición de pruebas y de distraer a la opinión pública.
En el caso del desfalco al Banco Unión se repiten también otras sinvergüenzuras vistas ya en otros casos, como los recientes Ostreicher, Zapata, Brinks y Eurochronos, por citar solo algunos de los más notorios. Sinvergüenzuras que caracterizan la relación tensa entre el Ministerio de Gobierno y la Policía, por un lado, y el Ministerio Público, del otro lado. Una tensión que resulta de la pugna por el control y manejo de los dineros, inmuebles, objetos personales y vehículos acumulados de manera ilícita por los eventuales acusados y presos por corrupción. Mientras esa pugna domina el escenario, poca cosa se logrará para frenar a los sinvergüenzas que asaltan con descaro. A mayor impunidad, mayor sinvergüenzura.
 







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