OPINIÓN



| 26/10/2017


Sinceramiento obligado

La Ley de Organizaciones Política (LOP) abarca varios aspectos  sensibles para revertir déficits democráticos. Sin embargo, hoy me refiero a un tema que obliga a sincerarse y a no eludir su tratamiento. Dicho esto, mi propuesta es que la nueva LOP amplíe su capacidad regulatoria a las organizaciones sociales no estrictamente políticas (sindicatos, comités cívicos, federaciones sectoriales, empresariales, etc.) que, mediante acuerdo con organización política reconocida canalicen candidaturas ‘corporativas’ a funciones legislativas o ejecutivas como titulares de autoridad pública. 

En estos casos,  la organización política reconocida legalmente terciariza esta representación o cuota social sin garantizar el  compromiso de sus organizaciones matrices con una visión o programa común que trascienda el interés particular sectorial, que ponga límites a los conflictos de interés y asuma genuinamente  principios que desplacen de su seno  prácticas autoritarias, machistas, sectarias y poco transparentes, entre otras. Y es que estos aliados corporativos camuflados bajo el ‘supuesto apoliticismo’ y las virtudes  reales o imaginarias de la ‘sociedad civil’ son también caldo de cultivo de prácticas autoritarias, maximalistas, clientelares, corruptas y discriminadoras que sembraron el rechazo a la política y a los políticos en general. 

Esta propuesta obliga a ‘desmontar’ algunas premisas que inducen al error y a la confusión.  Estas se expresan en discursos y corrientes de colectivos ciudadanos ‘anti organizaciones políticas’ seducidas por la idea de ‘autorrepresentación’, que pueden hacer de la LOP  un saludo a la bandera, una mera formalidad instrumental, desvirtuando su rol y  su razón de ser.

La mala política, atribuida a los partidos  cada vez menos confiables, no se sustituye con movimientos ni organizaciones sociales políticamente no ‘contaminadas’. La mala política se sustituye con buena política, así de simple. Curiosamente la antipolítica deriva en otra forma de hacer política sin garantizar la erradicación de los males denunciados. En otras palabras, es impensable la gestión política al margen de algún tipo de mediación que implique dar la cara y asumir la responsabilidad y riesgos que conlleva aspirar a ser titular del poder público en  una sociedad compleja y plural  como la nuestra. 

En Bolivia, aunque no se reconozca como tal, el MAS es un partido de estructura indirecta constituido inicialmente por tres organizaciones fundamentalmente campesinas rurales (Bartolinas, sindicatos campesinos Túpac Katari y los interculturales-cocaleros) que ocupan cargos públicos, eluden  rendir cuentas al conjunto de la sociedad y los controles y el cumplimiento que se pretende aplicar a las organizaciones políticas formales a las que se alinean o terminan asfixiando.  

En otras palabras, legislemos con realismo, tocando aquellas teclas sensibles de la cultura política que nos resistimos a transformar.








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