Opinión

Sin máscaras

El Deber logo
13 de junio de 2018, 4:00 AM
13 de junio de 2018, 4:00 AM

Debo agradecer a EL DEBER por publicar esta columna. Escribiré sobre políticas públicas que tienen relación con la distribución y uso de los recursos, con la política y el poder; por ello mismo, un territorio extenso y minado; más aún hoy en día. 

Dicen que las políticas con relación a las personas privadas de libertad es el espejo donde se reflejan las políticas de derechos humanos de un Estado, de ser así, el nuestro muestra sus imperfecciones y vulneraciones.

Hace poco, después de una reyerta sangrienta en Palmasola, las autoridades dijeron que el penal  estaba bajo control; sin embargo, la semana pasada informaron de que se había producido otro episodio con heridos y, de manera especial, con la agresión a un extesorero de la Federación de Fútbol, que hacía de representante de una parte de los detenidos. Verdad o acción encubierta para desviar la atención de otros temas de la agenda pública. Como sea, en base a la experiencia y a los estudios realizados sobre las políticas penitenciarias, se puede afirmar que en Palmasola y en las otras cárceles del país la situación ha cambiado poco o casi nada. 

Como telón de fondo, la causa fundamental de la crisis se encuentra  en un  gigantesco sistema de corrupción que, como lo dijo un ministro de Gobierno hace tres años  -en la inauguración de un frustrado proceso de reforma de las políticas penitenciarias-, las cárceles son una fábrica de la corrupción donde participan los grupos de poder delincuenciales, los policías, los jueces y fiscales. Efectivamente, el delegar el control a los grupos de poder y recibir por parte de autoridades policías y civiles pagos por ello, es parte de esa cadena ilícita. Acciones de sangre y muertes, como las producidas en Palmasola, solamente cambian temporalmente a los cabecillas que manejan las cárceles, mientras se reacomodan las relaciones ilícitas entre los detenidos y el poder.  

Hace dos días un ministro de Justicia supuestamente hizo noticia al anunciar que un privado de libertad, José Alonzo, permaneció por más de siete años en el penal de Palmasola, cuando su sentencia  por robo era de tres años  y terminó señalando que no se puede permitir que los privados de libertad que ya cumplieron con su sentencia permanezcan dentro de las cárceles. ¡Obvio! (pero bueno, algo es algo). Es el caso de cerca de 9.600 detenidos preventivos en todo el país, el 70% de la población carcelaria (datos oficiales de la DGRP). Muchos de ellos detenidos más de un año por robar un celular o mujeres con bebés acusadas de portar sobres de marihuana. El 2016, la Defensoría del Pueblo, en la gestión de Rolando Villena, realizó una investigación: presos sin sentencia, donde se señala que un grueso de los detenidos preventivos estaría privado de su libertad por más de tres años, lo que vulnera la normativa 133 del Código de Procedimiento Penal, que de manera expresa señala que “un proceso tendrá  una duración máxima de tres años”. 

Entre las causas de la detención se encuentran que los detenidos no pueden conseguir documentos para desvirtuar los riesgos procesales, como acreditación del domicilio, generalmente los pobres que alquilan uno o dos cuartos no firman contratos, no tienen facturas de luz, en su mayoría cuentan con trabajos formales, por lo que no tienen certificado de trabajo, ni siquiera de nacimiento de sus hijos. Un segundo aspecto es que estos detenidos no tienen abogados para su defensa, pues hay un número ínfimo de defensores frente a la alta demanda de servicios; en Palmasola no hay más de 15 defensores públicos para una población de 5.000 detenidos. Finalmente está la visión punitiva que domina en los operadores de justicia. El manto de la corrupción lo cubre  todo, peor aun cuando desde el Ejecutivo se envía señales del extraordinario ensanche de la apropiación ilícita de lo público, lo que ha hecho desbordar este cáncer en  todas las instituciones.

Al final del día estamos frente a un gigante hueco negro de la corrupción que requiere una regeneración moral de los políticos y en consecuencia de las instituciones.

Tags