Opinión

Santa Cruz pierde recursos

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15 de noviembre de 2017, 4:00 AM
15 de noviembre de 2017, 4:00 AM

La falta de una encuesta de población intercensal está generando una pérdida de al menos 193,2 millones de bolivianos cada año, frente a lo cual dirigentes regionales reclaman un pacto fiscal que permita un desarrollo económico y social acorde con las demandas sociales que cada día enfrenta esta región.

Actualmente, la distribución de recursos de coparticipación tiene en cuenta los datos del Censo de Población y Vivienda de 2012. En esa fecha, la población del departamento de Santa Cruz era de 2.776.244. En una nota de prensa publicada el 24 de septiembre de 2016, el Instituto Nacional de Estadística titulaba que este era el departamento de mayor cantidad de habitantes, con 3.078.000 personas viviendo en su territorio. No obstante, en una última búsqueda en las estadísticas oficiales del país, se registra que a 2017, Santa Cruz tiene 3.151.676 ciudadanos. Eso significa que entre 2012 y 2017 hay 375.432 individuos más y que actualmente hay una distribución distorsionada de fondos públicos, según organizaciones de la región.

Santa Cruz es la región con mayor recepción de migrantes del país y otros muchos que llegan desde el extranjero, lo cual genera una fuerte presión traducida en demanda de servicios públicos, salud y educación, entre otros.

En particular, los cálculos señalan que Santa Cruz tiene casi 400.000 personas más, pero no cuenta con la distribución equitativa de recursos económicos de parte del Estado nacional. Ojalá que este departamento no tenga que esperar hasta que se realice el próximo censo en 2022 para que la asignación de fondos se adecue a la realidad.

Los más perjudicados son los municipios y las universidades, que reciben el  20 y el 5% (respectivamente) de los ingresos de la recaudación de impuestos, cuyos valores se incrementan cada año desde 2006 y no tuvieron la caída que se generó en el sector de hidrocarburos con los ingresos del IDH.

El Gobierno rechaza esta interpretación de las regiones y argumenta que Santa Cruz, en particular, ha recibido ingentes montos de inversión pública para atender las necesidades de todos los habitantes, incluyendo a los nuevos migrantes.

Según las promesas del Ejecutivo, en el año 2025 Santa Cruz contará con un nuevo aeropuerto, funcionará la siderúrgica de Mutún, estará en proceso la ejecución del proyecto Rositas y las carreteras de vinculación del departamento. Sin embargo, el Gobierno no ha logrado establecer un pacto fiscal transparente que mejore la distribución de recursos, rompa el actual centralismo y haga efectiva la tan ansiada autonomía.

Con los recursos que brindan hoy las tecnologías de la información parece un despropósito tener que esperar tantos años para que el Estado central comprenda que este es el departamento con más población y que se necesitan más recursos para garantizar calidad de vida a todos los habitantes. 

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