OPINIÓN



| 11/08/2017


Reynaldo Ramírez Vale, la lección más importante

Sin duda ha debido ser una de las injusticias documentadas más grandes en la historia de Bolivia, injusticia que seguramente permanecerá como una impronta ominosa para la administración de justicia en el país por mucho tiempo. Reinaldo Ramírez Vale, un joven cochabambino ejemplar con sueños de independencia, trabajo, familia y hogar, condenado erróneamente y de la manera más impresentable y espantosa posible a la pena máxima que contempla la legislación boliviana, por el crimen de una mujer con la que nunca cruzo palabra, llamada, contacto en redes sociales; con la que nunca flirteo, en suma, a la que nunca conoció. Forzado, finalmente, a cambiar su destino y el de su familia de manera dramática durante los dos años y dos meses de encierro miserable. 

De esta situación tan indignante, se deben considerar lecciones sobre todo para los operadores de justicia. 

Más allá que formalmente se cumplan o no procedimientos, los responsables de la administración de justicia no deben descuidar poner siempre las cosas en perspectiva y altura de mira; específicamente, que en las actuaciones, por sobre todo, se debe buscar persistentemente la verdad verificable y la acreditación  certera e incuestionable de la participación criminal o no de las personas en base a pruebas materiales objetivas, contrastables y demostrables.

Muchas veces, por desgracia, se ha privilegiado o priorizado el testimonio de las personas, sean testigos o víctimas, a la hora de valorar la responsabilidad penal de individuos a los que se les endilga algún hecho criminal. Por supuesto, un testimonio puede orientar una investigación penal o generar una hipótesis que debe verificarse, pero de ninguna manera, por si sola, puede ser considerara para condenar o absolver. No olvidemos que las personas y sus testimonios siempre están mediados por la subjetividad e interpretación personalísima de los fenómenos. En este sentido podemos decir que las personas, en el ánimo de señalar dolosamente a una persona como delincuente, en la voluntad de liberarla de culpas, o finalmente, en el caso de las víctimas, en el ánimo inconsciente de búsqueda de justicia y encontrar algún responsable de una agresión, pueden cometer o hacer cometer gravísimos errores. 

Por eso es que los operadores de justicia, en materia penal sobre todo, deben respaldar sus decisiones, que en muchos casos importan la libertad y destino de las personas, en trabajos periciales criminalísticos  y forenses especializados.  
Consciente de la importancia de estos aspectos, la Policía está potenciando sus laboratorios criminalísticos en el país para estar siempre a la altura institucional de estos desafíos, que redundan y están orientados a dar a los procesos penales y a las autoridades que los llevan, los elementos técnicos y científicos necesarios para la averiguación de los hechos, la identificación de los responsables y la identificación de víctimas.   
    
Este es uno de los caminos más sensatos para contribuir a la correcta administración de justicia y, en consecuencia, reducir al mínimo el espectro de posibilidades que personas inocentes y sus familias pasen por el calvario de Reynaldo. 








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