¿Quiénes quieren derribar al Colectivo Árbol?

La demanda penal que un estudiante treintañero impulsa en contra de cuatro activistas del Colectivo Árbol en Santa Cruz de la Sierra parece ser mucho más que apenas otra aberración jurídica, de las tantas que vemos a diario en el mundo del revés al que apuestan algunos funcionarios públicos, en complicidad con angurrientos vestidos de civil y de todo porte. Analizando los antecedentes del caso, revisando los hechos que fueron públicos en su momento e hilando fino, todo lleva a pensar que hay otros intereses detrás de una denuncia mal formulada y sustentada de peor manera. 

Para quienes no acompañan el caso desde que surgió el 12 de octubre del año pasado, les resumo en pocas palabras: en esa fecha, a denuncia de vecinos de la radial 13 y cuarto anillo de circunvalación, un voluntario del Colectivo Árbol llega hasta un lote en el que se estaban derribando árboles frutales. Un hombre que se identifica como dueño del predio asegura que tiene autorización municipal para ello. Ya habían tumbado cuatro árboles, uno de manga, otro de palta y un limonero, y se alistaban a tumbar un motoyoé. Ante la duda de que fuera cierto, llegan otros tres activistas del Colectivo, ingenieros forestales y funcionarios municipales. Vistos los papeles mostrados por el supuesto dueño del lugar, y asombrados por el permiso dado en base a datos falsos sobre el estado de los árboles, los activistas van a hablar en el acto con la secretaria municipal de Medio Ambiente.

La orden dada por los munícipes fue de paralizar las podas, mientras durara la reunión en el despacho de la secretaria municipal. No fue así. Al término de la reunión, la noticia fue que la poda continuó en el lote. Y ahí murió el tema, no sin que hubiera de por medio una fuerte discusión sobre las responsabilidades de la Alcaldía y del colegio de Ingenieros Forestales, que avaló la poda. Un mes después, apareció la sorpresa: el supuesto dueño del lote había denunciado a los voluntarios de Árbol de “allanamiento de domicilio”. Lo hizo 12 horas después de la discusión sostenida en el lugar, aunque los afectados solo comenzaron a ser notificados a fines de noviembre. Y con mañas: quedó probado que al menos en la notificación a Eliana Torrico, hubo intento de distorsionar la fecha 17 por 11 de ese mes. Hubo cambio de fiscal y pérdida de las pruebas de descargo presentadas por ella ante el Ministerio Público. Hasta ahora esas pruebas no aparecen y no fueron siquiera citadas en el requerimiento elaborado en febrero de este año por el fiscal a cargo. 

Por si no bastaran las aberraciones vistas en la acelerada y atropellada actuación fiscal, se ha comprobado ahora que el denunciante no es dueño del lote en cuestión. ¿Cómo se le pudo pasar este detalle a los fiscales que dieron curso a la denuncia? Tampoco hubo el tal allanamiento, como lo prueba el video que registró toda la actuación de los voluntarios e incluso de los funcionarios municipales. Todo esto es de conocimiento de la Fiscalía y del juzgado a cargo de la causa, pero pese a ello el proceso sigue como si nada, con curiosos edictos de por medio, uno de ellos publicado en día no válido para efecto legal, como es el domingo, e incluyendo a personas ya notificadas. No hay que ser genio para ver que detrás de esos excesos hay la intención de dañar la imagen de los voluntarios de Árbol.

Un daño con el que quiere beneficiarse quien sea el dueño del lote del cuarto anillo y Radial 12, pero también muchos otros que ven afectados sus intereses económicos ante la vigilancia y denuncia del Colectivo, frente a la poda ilegal, deforestación o afectación de áreas de preservación y conservación ambiental. Una mala intención que debiera alertar y movilizar no solo a los vecinos, sino también a autoridades y funcionarios municipales, a quienes compete hacer cumplir las leyes y el cuidado de la ciudad. Es más, estos tendrían que estar agradecidos por la labor de Árbol, un colectivo que demuestra más compromiso y entrega que ellos con el cuidado de Santa Cruz de la Sierra.

Todavía están a tiempo de enmendar errores, superar vicios y salvar responsabilidades. El peligro mayor no lo corre el Colectivo Árbol, ni se trata ‘solo’ de salvar un motoyoé, más jororis o mangos. Que quede claro, aunque por ahora lo único claro es que hay más de un interesado en arrancar de raíz un Árbol que es colectivo y que sigue dando muestras de que no está interesado en transar un bien mayor, por intereses particulares y oscuros, sean estos alimentados desde el ámbito privado o público, o entre ambos.