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OPINIÓN | 05/04/2019


¿Quién protege a las Pymes?

Acorde a las estadísticas del Registro de Comercio (Fundempresa, diciembre 2018), en Bolivia la mayor cantidad de empresas registradas serían unipersonales (ocho de cada diez aproximadamente); en segundo lugar, estarían las sociedades de responsabilidad limitada (SRL), mientras que en último lugar (inferiores al 1%) estarían los demás tipos societarios; entre ellas las empresas de mayor tamaño, tales como las sociedades anónimas.

Conforme a dicho en el informe, hasta el mes de diciembre pasado existían 251.072 empresas unipersonales; 60.324 sociedades de responsabilidad limitada y 3.490 sociedades anónimas. Estos datos reflejan con exactitud que el sector privado se encuentra conformado en su mayoría por pequeñas y medianas empresas, mientras que una mínima parte serían las empresas grandes.

Según el periódico EL DEBER, en un artículo publicado el 29 de abril del 2018, en Bolivia el 70% de la población (aproximadamente 4 millones de personas) se encuentra en la informalidad laboral, es decir que solo un 30% tendría empleo formal y gozaría de todos los derechos laborales. A ello sumemos los datos establecidos por la Fundación Milenio (2017) quienes señalaron que el sector privado es el principal empleador en el país. Hasta aquí considerando los datos expuestos, fácilmente podríamos concluir que gran parte de los trabajadores asalariados de Bolivia tienen trabajo gracias al esfuerzo de las Pequeñas y Medianas Empresas.

No está por demás recordar lo difícil que es sacar adelante un emprendimiento formal en Bolivia, pero a pesar de ello existen bolivianos valientes que deciden enfrentarse contra todo un sistema que en vez de premiar castiga a los que formalizan o legalizan sus actividades comerciales.

El panorama no es alentador. Cada vez cuesta más llevar adelante un emprendimiento formal, pues los trámites, permisos, requisitos, incrementos salariales, obligaciones laborales, las multas y sanciones de la diversidad de los entes fiscalizadores, así como cualquier otro invento de nuestra amplia burocracia, terminan casi asfixiando a quien decide formalizar una actividad comercial.

Somos testigos que el Estado boliviano no genera políticas para fortalecer o incentivar a la pequeña y mediana empresa, aun considerando lo importante que son para el país. Por ello es que me pregunto ¿Quién proteje a las Pymes? ¿Será que al Estado no le importa la iniciativa privada aun considerando el empleo que genera y el aporte a la economía boliviana?

Sobran palabras y promesas, faltan hechos. Esperemos que este panorama no empeore a partir del próximo primero de mayo.





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