Puertos marítimos, más allá de las noticias
Tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda marítima boliviana, el gobierno ha emprendido una serie de importantes acciones que buscan responder a una antigua demanda del sector privado: la necesidad urgente de contar con acceso pleno a puertos alternativos que nos vinculen con los mercados de ultramar.
Quizá la medida más relevante ha sido la entrega de los certificados oficiales que acreditan a los puertos Jennefer, Aguirre y Gravetal, construidos por visionarios emprendedores bolivianos, como accesos internacionales de uso público y privado. Los tres puertos, en 2017, reportaron un flujo de 1,7 millones de toneladas de carga, 30% del total que Bolivia mueve al año, entre exportaciones e importaciones.
El siguiente paso fundamental será la habilitación plena de Puerto Busch, la alternativa real de un puerto soberano para llegar al río Paraguay y al Atlántico. Con una inversión cercana a los $us 600 millones, Puerto Busch podría mover entre 2 y 3 millones de toneladas anuales. Si se mantienen la promesa y la voluntad política, el proyecto demorará todavía algunos años para concretarse, pero significará un salto cualitativo sustancial para nuestro comercio exterior.
También se ha empezado a hablar de otras concesiones portuarias que tiene Bolivia en el Atlántico como los puertos de Montevideo y Nueva Palmira en Uruguay, Rosario en Argentina, Villeta en Paraguay y Paranaguá en Brasil.
Por el lado del Pacífico, la apuesta es por los puertos peruanos, especialmente en Ilo y Matarani, accesibles por vía terrestre, y promovidos ampliamente por Lima. Ilo tiene capacidad instalada y áreas de almacenamiento adecuadas, pero todavía precisa mejoras necesarias, aunque hace unas semanas una importante carga boliviana atracó por primera vez en ese puerto, con efecto más simbólico que relevante.
Por ahora los puertos chilenos de Arica, Antofagasta e Iquique siguen siendo los más importantes para Bolivia. Por estos tres lugares aún se mueve el 75% del total de las exportaciones e importaciones nacionales, a pesar de las dificultades, el maltrato y las pérdidas que generan los paros y huelgas en Arica que, entre 2013 y 2017, alcanzaron más de $us 300 millones.
El sector privado siempre ha valorado cuando el gobierno toma decisiones adecuadas sobre temas económicos gravitantes y, especialmente en áreas tan sensibles como el comercio exterior. Sin embargo, hemos demandado persistentemente que estas decisiones sean integrales, sostenidas y oportunas. La ausencia de acciones es tan perjudicial como la superficialidad o el entusiasmo coyuntural, y en este caso puede resultar más grave, especialmente si consideramos los grandes desafíos que tenemos en el futuro inmediato, tanto en lo interno como en la región.
El tema portuario debe analizarse de manera integral, ya no desde el enfoque de las iniciativas segmentadas, sino desde una política de Estado, que incluya leyes, mecanismos de promoción y financiamiento, aplicación de preferencias arancelarias y puertos secos, es decir, un complejo institucional que sea la base para encararlo seriamente.
Hemos dado pasos importantes, no solamente en la visibilización del problema, sino en las soluciones concretas. Pero sobre todo, se avanzó en la concienciación del Gobierno respecto a la necesidad de trabajar de manera articulada con el sector privado. No otra cosa significa lo expresado por el presidente Morales el pasado 31 de octubre en Puerto Jennefer, donde afirmó que “Cuando hay coordinación entre el Estado y el sector privado, tenemos resultados importantes, hay nuevas políticas económicas y de comercio”. Palabras muy sensatas que nos hacen pensar que esta vez y en este tema, podemos esperar mucho más.
