¿Por qué no cierran el caso Rózsa?

El fallido caso de montaje gubernamental, que se inició meses antes de la  ejecución de dos europeos y un boliviano-húngaro y que pronto cumplirá nueve años, lo único que ha revelado en el transcurso de los años es que la justicia en Bolivia es un instrumento de persecución y penalización a todos los objetivos políticos del régimen de Juan Evo Morales Ayma y de Álvaro García Linera, máximas autoridades del Estado.
Independientemente de los móviles políticos y de las malas mañas de los anteriormente nombrados con algunos grupos corporativos ‘secretos’ y de políticos sin escrúpulos de  nuestro campanario (tema que será objeto de otro artículo), la justicia y la Fiscalía trabajaron mal, violaron los procedimientos y dejaron este caso en manos de unos jueces técnicos y jueces ciudadanos que solo siguieron el libreto que les señalaba el Ministerio de Gobierno, alejándose de las leyes, del reconocimiento de los derechos civiles de los acusados y emitiendo fallos absolutamente políticos y no jurídicos.

Sixto Fernández, el juez principal del caso, no recibió ni una sola prueba contra alguno de los señalados como  culpables del alzamiento armado y de separatismo. La Fiscalía, al mando del exfiscal Marcelo Soza, hizo muy mal su trabajo porque ni con testigos falsos, sobornos a los mismos, los videos del asalto al hotel Las Américas, los testaferros que trajeron de otros países para inculpar a algunos ciudadanos inocentes, los informes forenses y de balística del tiroteo, las armas ni todas las pruebas físicas y materiales no existen y nunca van a existir porque no hubo tal tramoya de lo que implacablemente García Linera denunció en red nacional. Es más, el propio presidente del Estado, en Cumaná (Venezuela), ante los medios internacionales, informó al mundo que había dado orden (¿de matar?) de incursionar contra unos rebeldes que querían matarlo a él y a su entorno. Mentía, pero asumió de facto la responsabilidad de la matanza en el maltrecho hotel.
Soza se exilió. ¿Por qué se exilió? debería ser la pregunta. Habría que hacer dos conjeturas. a) Se fue porque se dio cuenta de que no tenía las herramientas y no existían las pruebas  suficientes para estar a la altura del mandato político de sus jefes, por lo tanto su misión había fracasado y el poder político lo había dejado solo y enjuiciado con cárcel segura. b) Su vida corría riesgo (de verdad) y prefirió salir del país y alejarse de los tentáculos de los sicarios que ya habían asesinado a una periodista que se había acercado a la verdad del caso.
Marcelo Soza, a las semanas de estar fuera del país, habló y dijo todo. Que el caso fue un montaje, que el operador fue el hermano del ‘vice’, don Raúl García Linera, que las pruebas eran falsas, que los testigos fueron comprados y que algunos ciudadanos cruceños fueron vetados de que se los investigue, los mismos que -según palabras de Soza- se prestaron a esta tramoya y negociaron en una casa ubicada en el centro de nuestra capital la lista de las personas que debían ser perseguidas con saña y alevosía.

Hoy el caso es un fracaso mediático, jurídico y político, pero aún existen dos presos sin justificación alguna, existen más de una veintena de acusados y está vigente un tribunal que algún día deberá rendir cuentas por las injusticias cometidas. ¿Por qué no se cierra el caso Rósza? Muy sencillo, para salvar al presidente.