OPINIÓN



| 02/09/2017


Popularidad y reformas sociales

A menos de diez meses del término de su segundo mandato, la gestión de la presidenta Michelle Bachelet goza de un débil apoyo popular. El más bajo desde el retorno al ré-gimen democrático en Chile. Según una última encuesta de la organización CEP, el 18% de los encuestados aprueba la gestión de la mandataria y el 57% la desaprueba. 

A pesar de esto o, tal vez, por este motivo, la presidenta persiste en impulsar importantes reformas legislativas, en particular en el campo social. Entre las mismas se destacan la ya aprobada ley del aborto y los proyectos de ley sobre ‘matrimonio igualitario’ e inmigración. La primera, arduamente discutida en los últimos meses, cuenta con el aval del Tribunal Constitucional para entrar en aplicación. Su constitucionalidad fue puesta en duda en una demanda intentada por parlamentarios de la derecha opositora. En un fallo de 297 páginas, el alto tribunal destacó, entre otros, dos fundamentos que darán mucho que hablar: primero, que “el derecho a la vida no es un derecho de carácter absoluto” y, segundo, que la Constitución no le otorga al que está por nacer la categoría de persona así sea “un bien jurídico de la mayor relevancia”. En virtud de la nueva ley, la práctica del aborto queda despenalizada si median tres circunstancias: embarazo por violación, riesgo vital para la madre y feto inviable.

No menos polémico será el proyecto sobre matrimonio igualitario. Al firmarlo, Bachelet dijo: “Lo hacemos en la certeza que no es justo poner límites al amor”. De ser aprobado, será posible que “el matrimonio ya no sea entre un hombre y una mujer, sino entre dos personas”. Está unión tendrá todos los derechos propios del matrimonio, incluyendo el de la ‘adopción homoparental’. En razón de lo delicado del asunto, muchos observadores dudan de que la discusión sobre el proyecto termine antes de las próximas elecciones presidenciales de noviembre. 

El tercer proyecto se inspira en el propósito de hacer frente al fenómeno de la inmigra-ción que, hasta hace poco, era ajeno a las preocupaciones de la sociedad y de los go-biernos chilenos. Al decir de Paula Narváez, vocera del Gobierno, el proyecto tiene el propósito de “promover una migración ordenada”, segura y regulada.  








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