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| 10/01/2019


Pensiones, en manos del Estado

Cifras cercanas a los $us 16 mil millones por concepto de aporte para jubilación de los trabajadores en Bolivia pasarán, a partir de marzo de 2019, a ser administradas por el Gobierno; para ello, la administración central ha creado una institución denominada Gestora Pública, la cual se encargará de rentabilizar los recursos provenientes de las dos actuales Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP): BBV Previsión y Futuro Bolivia.

A manera de preámbulo, el antiguo sistema de pensiones se sustentaba en los depósitos que realizaban los aportantes activos en beneficio de los jubilados; el monto de los últimos salarios tenía mucha validez porque era la base para el valor de jubilación. Cada gremio elegía a sus dirigentes para que administraran dichos recursos, pero hubo casos de malversación de fondos y corrupción que terminaron quebrando el sistema. Al Estado, a través del Tesoro General de la Nación, no le quedó otra que intervenir con los costos que representan contribuir para las jubilaciones; en síntesis, el sistema no era rentable y para el Estado representaba mayores erogaciones de los escasos recursos con que contaba.

En la búsqueda de soluciones, en 1996 el Gobierno boliviano elaboró la nueva Ley de Pensiones, la cual se basa en el aporte individual de cada trabajador. En sus inicios, el número de aportantes llegaba a alrededor de 329.000, hoy en día supera los dos millones de prestatarios y los aportes, con sus respectivas capitalizaciones, superan los $us 16 mil millones. Sin embargo, la rentabilidad, que al principio generaba un 13,7%, hoy en día bordea el 2%. Expertos y analistas coinciden en que el origen de la caída se debe a la creación, en 2010, de la Gestora Pública, entidad que reemplazará a las dos AFP; las futuras jubilaciones dependen de la rentabilidad de los depósitos. De seguir esta tendencia, un aportante recibiría mensualmente el 17% de su sueldo actual.

Tomando en cuenta lo que pasó anteriormente, existe mucha susceptibilidad de parte de los aportantes y si a esto se suma el DS 25722, que prácticamente obliga a las AFP a invertir en títulos emitidos por el Gobierno, la deuda interna seguirá incrementándose; hasta la fecha bordea los $us 5.000 millones. En pocas palabras, el Estado se convertirá pronto en juez y parte, porque él solo administrará los recursos de todos los trabajadores y la deuda que tiene el Estado con las AFP.





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