OPINIÓN



| 08/07/2017


Pantomima judicial

La crisis de la justicia, que en Bolivia es de todos los tiempos, se ha convertido en una de las principales debilidades del Gobierno de Evo Morales y parecen esterilizarse los esfuerzos por encontrar la salida del atolladero. El bullado caso del ciudadano Reynaldo Ramírez, encarcelado en Palmasola dos años y medio tras ser condenado a 30 años de presidio por un delito que no cometió, refleja, en parte, cómo están las cosas en tan medular problema. Bajo el régimen masista, el sistema judicial soporta el mayor desprestigio de su historia por la falta de respeto a la separación de poderes, la abierta intervención política en los procesos judiciales, el prebendalismo y la corrupción. Es por eso que buena parte del capital político de Morales estará en juego en los comicios de diciembre previstos para la reforma judicial. Sin embargo, el proceso selectivo de los postulantes a la magistratura llega a su fin en medio de duros cuestionamientos que ponen en duda su confiabilidad y transparencia. Últimamente, 74 de los 95 postulantes al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental aprobaron 'exámenes simples' que les permitieron elevar la calificación de sus méritos para la elección judicial que se avecina.

La oposición ha criticado el cuestionario elaborado por 'delegados académicos' porque el tipo de preguntas no era el más apropiado para aspirantes a la judicatura. Una de las interrogantes ofrecía al candidato hasta cuatro opciones de respuesta sobre la actitud que un abogado debía asumir frente a un eventual golpe de Estado entre 'ser contemplativo, rechazarlo, colaborar o favorecerlo'. Con este tipo de preguntas de obvias respuestas, el examen podría haberlo resuelto, sin mucho esfuerzo, un postulante a primer año en la universidad. El exdefensor del pueblo y rector de la UMSA, Waldo Albarracín, descalificó la preselección judicial y dijo que alejarse del proceso fue la mejor decisión tomada por esa casa de estudios superiores. 

En octubre de 2011, la elección de las autoridades judiciales por el voto popular fue presentada como la “democratización de la democracia y el principio de transformación de la justicia para que esta se deba al pueblo”. Sin embargo, los votos nulos y blancos alcanzaron el 60%, dato revelador para interpretar el rechazo ciudadano contra un proceso fallido que, sin la lección aprendida, puede volver a convertirse, como en este caso, en una pantomima judicial. El cambio real de la justicia en Bolivia no será posible si no es respetada su independencia como poder constitucional y sin que sus máximos operadores sean elegidos y reconocidos únicamente por sus méritos y su idoneidad. 








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