¿Nuevos tiempos para la salud pública?

Casi siempre, a mediados de año, aparecen críticas y lamentos sobre la penosa romería de enfermos para ser atendidos, época en que precisamente es cuando se debe exigir incremento en el próximo presupuesto nacional, a fin de paliar la dramática situación de la política sanitaria. Bolivia, entre los países de la región, es la que menos gasto o inversión tiene por habitante ($us 84), mientras que Ecuador destina 120 y Uruguay $us 600. Y si se trata de camas o médicos por habitante, Bolivia se encuentra en el puesto 143 de un total de 182 países. Del mismo modo, apenas un 6% del presupuesto está destinado a salud. Cuánta razón tenía el padre Mateo cuando reclamaba un 10%. El resultado fue su exilio, bajo la anuencia silenciosa de los jerarcas de la Iglesia.

Si bien la OPS reconoce que las políticas actuales gubernamentales aumentaron la esperanza de vida, disminuyó la desnutrición infantil y la mortalidad materno-infantil, no es menos cierto que la atención a los pacientes continúa siendo más que deficiente. El gobierno anunció una inversión de 2.000 millones de dólares destinados a 49 hospitales de alta complejidad, segundo y tercer nivel. Frente a esta idolatría del cemento (¿por qué será?), rescato los resultados del informe Lalonde (1974) que destacó al estilo de vida (43%), la biología humana (27%) y al medioambiente (19%) como los factores determinantes de la salud de casi el 90%, mientras que el sistema asistencial solo influyó un 11%. Pero como hoy las palomas disparan a las escopetas, los gastos en salud están destinados a infraestructura (91%). Otro principio básico es que más del 70% de las quejas por enfermedad pueden ser resueltas en centros sanitarios, debiendo llegar a los hospitales menos del 30% de los casos a ser atendidos. Aun así, se insiste más en hospitales especializados. ¡Qué paradoja!

En Santa Cruz, y más propiamente su ciudad capital (considerada una de las 15 que más crece en el mundo), hay serias falencias de infraestructura, equipamiento y recursos humanos. Según estimaciones oficiales, faltan más de 10.000 ítems para cubrir las demandas actuales. La gobernación paga a 1.800 funcionarios (unos 160 millones de bolivianos). En 10 años, otros departamentos con menor crecimiento poblacional recibieron más ítems. ¿Discriminación?

¿Qué hacer? Primero, conformar una junta o consejo de salud permanente integrado por todas las fuerzas vivas del departamento y autoridades. Así fue planteado en las Jornadas Santa Cruz 2000. Esta nueva organización permitirá no solo mantener una mejor relación entre la Gobernación y los municipios, hoy venida a menos en muchos casos por desencuentros partidarios, cuya única víctima es el enfermo. Además, permitiría que los colegios profesionales y sindicatos coordinen y apoyen las decisiones que redunden en austeridad, eficiencia, eficacia y calidez. Segundo, conformar un observatorio resiliente que acompañe permanentemente la situación regional. Tercero, exigir incremento presupuestario de salud en los estamentos nacional, departamental y municipal, pero que sea sostenido en el tiempo. Que el Gobierno central cumpla su obligación constitucional de dotar más ítems para que el monto que hoy utiliza la Gobernación sea solo para infraestructura y equipamiento. Cuarto, a las universidades nos corresponderá promover el desarrollo humano, científico y tecnológico para influir en el bienestar de la sociedad, formar profesionales con talento mundial, valores y principios éticos, cuidando la calidad antes que la cantidad.

Si todos participan de esta cruzada, mejores tiempos vendrán. Así autoridades y políticos en general querrán ser atendidos en el sistema público boliviano.