No es Odesur el problema

Pareciera que alguien hubiera destapado los contratos con Odesur. Realmente, se han hecho denuncias, pero antes de eso los mismos personeros del Gobierno lo habían contado todo. Lo habían confesado hasta el detalle. Es tan natural para ellos manejar de esa manera la economía, que sin darse cuenta hablan de las reuniones fraternales con los proponentes. Por respeto a la gente y por respeto a la ley, no debieron haberse reunido nunca. Conversan de los contratos, que por respeto a su dignidad no debieron firmar jamás. Porque hasta para parecer honrado hay que tener una comprensión de la realidad que no tienen y hay que tener una delicadeza que tampoco tienen.

El problema no es Odesur. El problema es más serio. Lo que importa es la manera de gobernar, la desaprensiva manera de administrar los recursos públicos. Caen ahora como habían caído en el Fondo Indígena, en Yacimientos, en la CAMC, en ese descuidado manejo de incontables contratos multimillonarios. Se les ha hecho costumbre no licitar, no buscar la mejor oferta, no comparar precios, ni calidades, ni ventajas ni dependencias. Deberían hacerlo siempre, como árbitro intachable, en encuentro de intereses opuestos, pero están convencidos de que es su dinero y no se les ocurre poner el cuidado que exige el manejo limpio de lo ajeno. Entregan contratos y fortunas a los amigos o a los compañeros de partido. Si han repartido los juzgados como si fueran vasos de cerveza, ¿cómo no van a repartir los negocios? Es su fiesta.

La honestidad, el manejo limpio de la cosa pública, tiene dos condiciones. La primera es una actitud personal profundamente ética, honesta hasta la delicadeza. La segunda es el respeto escrupuloso a las leyes, a las normas, a los procedimientos previstos para que sea imposible la más mínima concesión al beneficio personal del administrador púbico. No debe quedar espacio ni para la duda. El gobierno del MAS, que hizo alarde de inaugurar una era de transparencia, que juraba ser ejemplo, ha destrozado todos los principios y los procedimientos establecidos. Ha saltado todos los controles. Todo es tan urgente, que nunca hay tiempo para licitar. Todo es tan estratégico, que siempre es necesario tramarlo en secreto. Todo es tan simple, que se olvidan hasta de los modales. Han desvirtuado la Contraloría, que en lugar de controlar, obedece y calla.

Han buscado un Defensor del Pueblo que no defiende al pueblo, sino defiende a los gobernantes del desagradable control social y de las demandas del pueblo. Ha hecho del Poder Judicial una oficina más del Palacio de Gobierno. En fin, las instancias encargadas de recordar a los poderosos que son servidores, las encargadas de poner límite al más mínimo peligro de abuso de poder, ahora los aíslan y les permiten ser una casta divina con derecho a todo.

Los gobernantes han eliminado todos los controles a su gestión y actúan desbocados. Se acuerdan de las normas y límites solamente para golpear a sus oponentes. El pretexto para todo es la corrección administrativa. El presidente gasta cientos de millones en acuerdos personales, con empresas fantasmales y en amigables charlas de café. Sus alcaldes amigos pueden comprar un dron en la Ramada para facturarlo por millones de dólares. No pasa nada. Pero hay alcaldes de otros partidos entre rejas, no por contratos irregulares, sino simplemente por haber firmado contratos que nadie sabe todavía si son correctos o no lo son.