Opinión

Mujeres, de acosadas a acusadas

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12 de noviembre de 2017, 4:00 AM
12 de noviembre de 2017, 4:00 AM
Muchas mujeres que sufren violencia suelen ser criticadas con dureza por su entorno, por no atreverse a denunciar a sus agresores. Las llaman cobardes, pusilánimes, cuando no masoquistas. El rechazo y la censura social terminan volcándose contra ellas, en vez de apuntar e impactar en los autores de la violencia. Es un sinsentido que duele tanto como cada golpe de puño o de lengua padecido por ellas, las víctimas. Otra violencia tan difícil de enfrentar, como las primeras. ¿Alguien se preocupa de saber por qué ocurre así?

Es difícil comprender esa realidad de violencia y silencio cuando es vista desde afuera. Tal vez aquí quepa el dicho ese que reza “ojos que no ven, corazón que no siente”. Solo quien vive una experiencia de violencia es capaz de saber lo que es el dolor de sentirse agredida e indefensa, únicamente por su condición de mujer. El miedo y la vergüenza se mezclan, y de pronto parece que no hay salvación posible. Vencer el terror y romper las cadenas de la incertidumbre no es fácil, aun cuando desde afuera haya promesas de salvación.

Esas promesas no se cumplen. Yadira y Claudia lo saben muy bien. Jóvenes, llenas de vitalidad y de sueños, comenzando sus carreras de periodismo, están siendo obligadas a vivir en carne propia parte de esa realidad. Ambas funcionarias de BTV, una en Trinidad y la otra en Santa Cruz de la Sierra, terminaron unidas sin saberlo por un par de denuncias de acoso sexual hechas por separado contra la misma persona, un exgerente del canal en la capital cruceña. Pero de ser denunciantes, ambas pasaron a ser denunciadas.

¿Y el denunciado de acoso? Bien, gracias. Las dos causas iniciadas en su contra a inicios del presente año no prosperan. Yadira y Claudia peregrinan por los respectivos juzgados de La Paz y Santa Cruz, y batallan contra los artificios presentados por el denunciado y los vaivenes de los fiscales asignados, que más parecen defensores del acusado. Nada es eso. Las denunciantes han pasado de acosadas a acusadas. En el caso de Yadira, que perdió su trabajo tras la denuncia, le han iniciado cinco procesos entre marzo y octubre de este año.

Yadira presentó su denuncia en marzo. El mismo mes, el denunciado la denuncia por difamación y calumnias. En abril, la denuncian por ganancias ilícitas. En mayo, BTV le hace un proceso administrativo de auditoría interna. En junio, BTV la denuncia por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Y en octubre, la ministra de Comunicación, que era gerente nacional de BTV cuando se conocieron internamente las denuncias de Yadira y Claudia, se querelló contra ambas por acoso político y violencia hacia la mujer.

Ni Yadira ni Claudia conocían de esta querella penal en contra de ellas, hasta hace un par de días. Tomaron conocimiento de la misma a través de una publicación de Facebook de radio Líder, en El Alto, en la que detalla el requerimiento fiscal suscrito por Lilian Calderón y fechado el 23 de octubre, a través del cual pide original o copia legalizada de entrevista publicada sobre el tema. Hace un par de horas, el mismo requerimiento llegó a las radios Alternativa y Marítima, en Santa Cruz, detallando programas y fechas distintas.

¿Alguien duda de que la primera reacción de las denunciantes de acoso sexual no fue la de desistir de la acción? ¿Alguien duda de que ambas reciben ‘consejos’ de allegados y de colegas de trabajo para que dejen sin efecto sus denuncias? ¿Alguien duda de que más allá de que quieran acallar a las denunciantes, hay también un mensaje velado a los otros medios de comunicación y periodistas para que ‘se cuiden’ al cubrir estas denuncias? Sin este requerimiento fiscal, ya hay medios y colegas que no están cubriendo las mismas.

Recapitulando: denunciar cualquier tipo de violencia sigue siendo algo muy difícil para las mujeres. Las víctimas deben probar los vejámenes que sufren, con pruebas que no están contempladas en la Ley 348, una norma que manda privilegiar a la víctima, pero cuyo mandato lamentablemente sigue siendo, en muchos casos, solo letra muerta. Mientras la realidad sea esta, será difícil convencer a mujeres a denunciar la violencia que padecen. 

Ojalá que el fiscal general tome nota de estos casos, que pueden ser emblemáticos en la lucha contra todas las formas de violencia hacia las mujeres. Y ojalá que las acciones que ha iniciado una fiscal de materia no influyan en el cierre de espacios de debate y de periodismo crítico en Bolivia.

 

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