Mano dura contra los contrabandistas
La acción de los contrabandistas en la frontera con Chile ha sobrepasado todos los límites imaginables y demanda una acción drástica y contundente de parte del Estado. La mañana del domingo se produjo un asesinato en el municipio de Sabaya, dos militares fueron acribillados con una bala en la frente, cada uno de ellos, cuando participaban en un operativo de incautación de vehículos ‘chutos’ (sin documentos legales). Ocurrió en el municipio de Sabaya (Oruro), a 50 kilómetros de Pisiga (en el lindero con el vecino país).
Lamentablemente no se trata de un hecho aislado, porque cada cierto tiempo hay noticias que hablan de cómo los contrabandistas confrontan a las fuerzas militares y policiales que intentan ejercer control en la frontera. Es más, en febrero fue la misma presidenta de la Aduana Nacional la que informó de que tuvieron que recurrir al uso de un tanque militar para enfrentarse a quienes internan mercancía ilegal, aportando además el dato de que cuentan con escoltas que usan dinamita a su paso por pueblos ubicados entre la frontera con Chile y Oruro.
El presidente Evo Morales anunció un proyecto de ley para permitir que los efectivos de control del contrabando puedan utilizar armas de fuego para no ser blanco de los delincuentes, comúnmente llamados ‘chuteros’. No obstante, esa medida no alcanza para enfrentar este problema que parece haber superado los actuales mecanismos de intervención.
Si existe tráfico ilegal de mercadería es porque mueve millones de dólares y porque aparte de los dueños de la misma, involucra a una cadena de ‘beneficiarios’. Por ejemplo, han sido los mismos aduaneros y militares quienes admitieron que hay pueblos enteros que protegen el contrabando, porque su población gana dinero de armar y desarmar vehículos transformados o de convertir grandes paquetes de ropa o de otros productos en pequeños alijos para camuflar su ingreso al país. Es más, hasta hay ferias de autos ‘chutos’.
Si se hace un recorrido por provincias en cualquier lugar del país, se podrá observar vehículos que circulan sin placa y que carecen de documentación que acredite su legalidad en el país, lo que muestra que hay un mercado importante para los vehículos ‘chutos’. Esa es la magnitud del problema al que se enfrenta el país y ese es el poder que tienen los que contratan sicarios para matar a militares que intentan frenar el contrabando.
Por todo eso, el Gobierno liderado por el presidente Evo Morales tiene la obligación de atacar con medidas integrales y de fondo. Los militares y policías armados y entrenados para enfrentar en la frontera a delincuentes peligrosos y dispuestos a matar, pero también mano dura para terminar con el mercado interno de productos de contrabando, desde vehículos chutos hasta electrodomésticos y todo lo demás que, por cierto, también está hiriendo el corazón de nuestra producción nacional.
