Lucha contra el contrabando no es matando personas
Las noticias informan que se desea promover una ley que autorice el uso de armamento bélico por parte de las Fuerzas Armadas para la lucha contra el contrabando.
Cuando hay un enfrentamiento con delincuentes, es lógico que la Policía deba actuar según sus protocolos en defensa del orden; esto es, repeler conforme al grado de agresión y en defensa personal, pero no por ello se debe entender que se acabará el contrabando metiendo bala a diestra y siniestra. De allí que es menester que aquel proyecto de ley sea debidamente socializado. La lucha contra el contrabando no es cuestión de matar personas, sino que amerita atacar el problema de raíz.
El contrabando es un ilícito ‘tributario’ aduanero, previsto en el Código Tributario. Dado que en Bolivia el nivel impositivo es alto (significa que el costo de la legalidad es alto), muchas personas por un costo de oportunidad incursionan en el contrabando porque consideran que es rentable, favorable y hasta impune (las noticias informaron de la existencia de pueblos dedicados al contrabando donde ni la Policía ni el COA pueden ingresar).
Muchas personas se dedican a la informalidad, no precisamente por necesidad, sino porque ponen en la balanza el costo de ser formal y el de no serlo y se mueven por el costo de oportunidad. Además, al haberse establecido que cuando la mercadería decomisada supere el valor de los 200.000 UFV recién el contrabando es considerado delito, ha provocado un mayor margen en favor de los delincuentes, siendo que antes (2008) el Código Tributario establecía que era delito cuando el valor sobrepasaba los 10.000 UFV.
La mejor lucha contra el contrabando no es siendo exclusivamente reactivos, sino atacándolo verdaderamente y para ello cito un par de sugerencias: 1) Reducir el costo de la legalidad; por ejemplo, bajar el costo de los impuestos ya que es evidente que muchas personas no pueden cumplirlos; muestra de ello es que ha proliferado la informalidad y actualmente se agobia a la minorías formal. Se podría, por ejemplo, bajar el valor del IVA, cuya tasa efectiva es aproximadamente del 15% al 5%. Así todos podrán y estarán obligados a pagarlo, debiendo ser eliminado el régimen simplificado. En suma, el actual delincuente informal (contrabandista) vería los beneficios de la legalidad, puesto que gracias a ella podría acceder a una serie de beneficios, como acceso a créditos, expansión legal de su negocio, establecer una empresa, posicionar una marca, etc.; por lo tanto, podría cambiar de bando por el costo de oportunidad que ella le ofrece. 2) “Retornar al valor de los 10.000 UFV para que sea considerado el contrabando como delito”. En otras palabras, el Estado debería ofrecer suficiente seguridad jurídica y oportunidades para que existan cada vez más formales y menos informales en el país.
