Los trasfondos del conflicto
El fortalecimiento de la institucionalidad y el respeto a la ley no son precisamente los aspectos más destacados de la democracia, desde que se instauró el proceso de cambio. Al contrario, desde la llegada de Evo Morales se priorizaron otras cualidades de la democracia como la participación social, la presencia de nuevas élites en el poder, la inclusión sociocultural, la noción de gobierno de los movimientos sociales, el empoderamiento de los indígenas, entre otros, y se dejaron de lado los aspectos sustanciales de la democracia ligados a la construcción institucional. Digo sustanciales porque la democracia no se reduce a sus instituciones, pero estas son absolutamente necesarias para su existencia y funcionamiento.
Parece un contrasentido porque uno de los aportes más importantes del actual proceso fue la Asamblea Constituyente y la aprobación de una nueva Constitución, que transformó el rostro del Estado y que, entre las conquistas más importantes, se ampliaron los derechos civiles, sociales, políticos y económicos, poniendo al Estado como garante de los mismos.
En este recorrido de 12 años de gobierno no se tomó debida nota de la necesidad de crear y fortalecer las instituciones concurrentes con la nueva Constitución, respetar y velar por el cumplimiento de las leyes, y avanzar en el horizonte de profundización de los cambios en el campo institucional. La manera en que el Gobierno se relacionó con las instituciones no fue amable con la democracia, consistió en el acomodo de la legislación a determinados intereses de sectores sociales o políticos o como respuesta a las urgencias coyunturales, del mismo modo se procedió a la aprobación inconsulta de normas –como varios artículos del actual Código Penal– que atentan contra el espíritu y los principios de la Constitución, como por ejemplo castigar la protesta social y controlar la libre expresión, entre muchos otros. Estas situaciones hoy les pasan la factura a los responsables de gobernar en los tres órganos del Estado.
Las múltiples y diversas reacciones al Código Penal recientemente aprobado no son solo el rechazo de sectores que ven afectados sus intereses particulares, como los médicos o los transportistas, sino que expresan la acumulación de un malestar generalizado contra las afrentas a los derechos ciudadanos relacionadas con la falta de respeto al voto del 21-F, y, por tanto, en reacción al fallo constitucional de noviembre, también expresan cierta desazón con la forma en que se eligieron a los magistrados, con escaso apoyo ciudadano y casi total desconocimiento de los candidatos, y con la exigencia de participación en la deliberación para la toma de decisiones -como la que debió llevarse a cabo respecto a los temas críticos del Código Penal-.
Por ello las protestas han surgido desde distintos flancos: obreros, fabriles, gremiales, universitarios, profesionales, empresarios y sectores ciudadanos, que se han apropiado de los espacios públicos como las calles, las redes, los medios de comunicación. Probablemente muy pocos han leído el código en su totalidad, pero basta ver vulnerados sus derechos en uno de los artículos para asociarlo inmediatamente con los factores anteriores.
En realidad, estos días saturados de conflictividad no pueden entenderse al margen de los antecedentes descritos que se van sumando a la memoria social y decantan en una grave crisis de legitimidad de las instituciones democráticas.
