OPINIÓN



| 03/11/2017


Los desinformados del pacto fiscal

En días pasados, el ciudadano Fernando Prado, escribió en torno al pacto fiscal. Lo curioso del caso es que expresa sus opiniones al calor de la molestia que le genera un spot de 40 segundos sobre el pacto fiscal que explica los avances realizados y acordados hasta la fecha. Está demás decir que es un absoluto despropósito hacer una valoración sobre un tema que se viene tratando hace 13 meses -tanto en el Consejo Nacional de Autonomías (CNA) como en la Comisión Técnica del Pacto Fiscal (CTPF)- a partir de un spot. 

Sin duda, más allá de la intencionalidad política que pueda tener el artículo Los Sofistas del Pacto Fiscal; es estimulante para el debate que se escriba al respecto, pero es recomendable hacerlo con la seriedad que el tema merece, para no contribuir a la tergiversación de la verdad.  

Cabe distinguir, lo que entendemos por administración central o Gobierno central es el conjunto de entidades que pertenecen a los Órganos del Estado Plurinacional, las entidades descentralizadas del Estado, instituciones financieras y de control y defensa del Estado. Resulta caprichoso, entonces, al momento de hablar de números relativos a la conformación del Presupuesto General del Estado (PGE), que se quiera incorporar como parte de la administración central a las empresas públicas y a las instituciones de seguridad social porque su alcance, funcionamiento y gasto beneficia a todos los departamentos y a la población de los mismos. Al respecto, un dato importante, es el hecho de que entre gobernaciones, municipios y universidades públicas solo generan el 6% del PGE y gastan el 16%, mientras que la administración central genera el 48% del PGE y gasta el 41%; y entre las empresas públicas e instituciones de seguridad social general el 47% del PGE y gastan el 42%.

Esos son los datos que don Fernando Prado debería arrojar a la luz de la verdad para no seguir en el desconocimiento y la desinformación. 

Son justamente esas asimetrías que se expresan en la estructuración del PGE las que se quiere corregir en la quinta y última etapa del pacto fiscal, cuando entre todos los niveles de gobierno se definan alternativas de financiamiento de las competencias del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas, mismas que deberán tener el correspondiente sustento técnico de viabilidad para su implementación en lo posterior. 

En cuanto a los tributos que tanto interés despiertan, cabe señalar que los recursos procedentes de siete impuestos nacionales se coparticipan entre los diferentes niveles de gobierno a excepción de las gobernaciones, distribuyéndose un 75% al Tesoro General de la Nación (TGN), 20% a los municipios y 5% a las universidades públicas. Sin embargo, en lo que respecta al 75% que va al TGN, la administración central solo recibe un 3% porque el saldo se asigna a educación (30%), salud (11%), sistema de pensiones (18%), Fuerzas Armadas (6%), y Policía (6%), que llegan a todo el país. Por lo tanto, una reducción en la coparticipación tributaria que llega al TGN, afecta de manera directa a estos sectores e instituciones antes citados. 

Está claro, que los conceptos de pacto fiscal, que don Fernando Prado establece,  desconocen los consensos y acuerdos ya alcanzados en el diálogo del pacto fiscal. Los acuerdos alcanzados a la fecha son realmente valiosos y su progresiva implementación cualificará, la gestión pública y normativa subnacional. Un tema revelador para los desinformados del pacto fiscal. 








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