El sistema universitario público se convierte una vez más en una bomba de tiempo para el Gobierno. Se trata de un sector masivo compuesto básicamente por clases medias que actúan a nivel nacional con una gran capacidad de movilización social. Las universidades han sido reiteradamente ignoradas o, en su caso, maltratadas por las autoridades. Hace poco, el presidente sostuvo púbicamente que las universidades públicas son vistas como “centros de perversión” debido al excesivo consumo de  bebidas alcohólicas, un comentario  totalmente fuera de contexto. Hace algunos meses había señalado que existe un abuso de la autonomía universitaria y hace unos años dijo que la universidad pública estaba en decadencia.

Es evidente que las universidades públicas atraviesan una serie de problemas, sobre todo de gestión académica y administrativa. Al parecer han crecido desmesuradamente sin mayor planificación ni orientación hacia los requerimientos del mercado de trabajo del país. De alguna manera se han convertido en refugio de miles de jóvenes que por diversas razones permanecen más de lo esperado en la vida universitaria, ya sea por falta de empleo o por la necesidad de encontrar estrategias de sobrevivencia. El hecho de depender totalmente del Estado hace que las demandas de presupuesto sean permanentes, no obstante, la manera de encarar esos problemas, más aún si se trata de instancias de educación superior autónomas, es la vía del diálogo racional y selectivo, pues cada unidad académica tiene sus propias particularidades y necesidades.

El reciente conflicto en la UPEA de El Alto ha desatado varios demonios: el primero tiene que ver con la ya mencionada demanda de presupuesto universitario, problemática que también trasciende a otras unidades del sistema que aún no se han pronunciado, unido al sistemático afán del Gobierno de controlar a las universidades que, de acuerdo a la Constitución, son autónomas. En segundo lugar, la desafortunada muerte de un estudiante, quien en medio de las movilizaciones recibió un disparo mortal producto del pésimo manejo por parte de las autoridades de gobierno de este tipo de conflictos que, al igual que en las peores épocas dictatoriales, pretenden contener las movilizaciones a través de una indiscriminada represión, yo misma fui junto a otros colegas y estudiantes, víctima de una innecesaria y agresiva gasificación en una reciente marcha institucional de San Simón en Cochabamba, realizada en solidaridad con la UPEA; en tercer lugar, la habitual tendencia del Gobierno de minimizar los hechos deslindando la responsabilidad de sus actos en otros individuos y generando confusión y contradicciones en sus declaraciones públicas, que simplemente agravan la desconfianza y descrédito de la población; a ello hay que sumarle otra práctica incorporada en los últimos años, y denigrante para sus contendores, que es la rápida elaboración y difusión de spots publicitarios informativos  por el Ministerio de Comunicaciones, que descalifican por una u otra razón al sector movilizado, cuando en realidad el escenario para corregir o enfrentar los conflictos, como ya dijimos, es otro. 

Por  último, recordar que El Alto  siempre tuvo un gran potencial movilizador, a la UPEA ya se han sumado las Fejuve de El Alto -aunque divididas- y otros sectores de la población; recordemos solamente el papel que jugó, El Alto en los nefastos días de octubre negro de 2003. A la indignación por lo ocurrido también se han sumado colectivos ciudadanos, el Comité Cívico de Potosí y Conamaq pidiendo la renuncia del ministro. Lo real es que los denominados ‘centros de perversión’ son y seguirán siendo los principales lugares de formación superior de  jóvenes bolivianos, y sus problemas distan mucho de ser resueltos por la vía de la violencia o la intervención.