Los consensos del pacto fiscal
El diálogo del pacto fiscal llega al epílogo en el debate y concertación de las cinco etapas. El proceso ha permitido evidenciar que el destino de los recursos públicos que administra el nivel central del Estado están destinados a la reducción de la pobreza. Las cinco fases abordaron una serie de elementos que analizan de forma integral el estado de situación de las finanzas públicas y de la gestión pública en sus diversos niveles de gobierno. Como parte de todo este proceso se realizaron ocho sesiones del Consejo Nacional de Autonomías (CNA) y 15 reuniones de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal (CTPF). El resultado comprende: 1) Agendas productivas y sociales priorizadas en cada departamento. 2) Análisis de los factores críticos internos y externos que permitan una mejora permanente de la gestión pública en los diferentes niveles de Gobierno, para lo cual se aprobó una agenda conjunta de cambios normativos en 13 materias identificadas –minería, salud, seguridad ciudadana, sistema tributario, empresas públicas, caminos, donaciones y deuda, planificación, administración y control gubernamental, gasto público, transporte, entre otras– a través de una serie de mecanismos institucionales como las comisiones técnicas, los consejos de coordinación sectorial y la construcción de planes de fortalecimiento institucional, en especial en el caso de las autonomías indígena originario campesinas.
Finalmente, 3) El análisis de las fuentes de recursos públicos que demostraron –desde una visión técnica– la inflexibilidad e imposibilidad de una propuesta dirigida únicamente a la redistribución de los recursos de la coparticipación tributaria ya que los actuales recursos que percibe el nivel central del Estado están destinados a precautelar sectores relevantes de la administración estatal, como son los gastos de recursos humanos en materia de salud, educación, Fuerzas Armadas, Policía, así como garantizar el pago de pensiones del sistema de jubilación.
Por lo tanto, y en la necesidad de identificar alternativas que permitan otorgar estabilidad presupuestaria a los gobiernos autónomos, se acordaron 25 alternativas de financiamiento de las competencias establecidas en el texto constitucional, las cuales se sintetizan en el establecimiento de espacios de análisis técnico sobre la factibilidad para modificación de fuentes de recursos, así como criterios de distribución de los mismos, institucionalización de mecanismos de coordinación intergubernamental, fortalecimiento institucional para la promoción del desarrollo productivo subnacional y, finalmente, aunque no por ello menor, el respaldo a la continuidad de programas nacionales de inversión destinados a la reducción de la pobreza, que conduce acertadamente el presidente de Estado, Evo Morales como son: Bolivia Cambia, Mi Agua, Mi Riego, Fondo de Desarrollo Indígena, entre otros.
En este contexto, los consensos del pacto fiscal se cimientan sobre un documento final, que sistematizará las tres últimas etapas mencionadas del diálogo, con sus respectivas 25 alternativas de financiamiento, ahora mandatos que se irán implementando de manera gradual y progresiva, en el corto, mediano y largo plazo. Por ello resulta imperativo, que en el tramo final, la voluntad política y la capacidad técnica sigan jugando a favor de los consensos y acuerdos pensando en el país.
