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OPINIÓN



| 13/06/2017


Libertad económica en Bolivia

El Índice de Libertad Económica 2017 elaborado por la fundación Heritage califica a Bolivia como un país reprimido en cuanto a sus libertades económicas y la ubica en el puesto 168 de un total de 180 naciones evaluadas. En Latinoamérica solo Cuba y Venezuela tienen una peor calificación. Según el informe, “el Estado de derecho es débil en muchas áreas y la integridad del Gobierno es socavada por una corrupción generalizada”. 

Más adelante indica que “un poco confiable proceso de resolución de disputas y la falta de una adecuada verificación de los derechos de propiedad crea riesgos e incertidumbres en la adquisición de bienes raíces. Aunque las cortes bolivianas en ocasiones han mostrado independencia del Poder Ejecutivo, el partido en el poder (MAS) tiene un férreo control sobre todas las instituciones. Incluso, el sistema judicial tiene un alto nivel de descrédito como resultado de continuos escándalos, corrupción y tráfico de influencias”. Con relación a la facilidad de negocios, el informe indica que “el emprendedor es sobrecargado con burocracia, corrupción y una aplicación inconsistente de las regulaciones comerciales. Las regulaciones laborales son rígidas y no son conductivas al crecimiento de la productividad”. 

Las estadísticas indican que hoy es más caro, moroso, difícil y riesgoso emprender en Bolivia que hace 10 años, que la seguridad jurídica es menor, que hay menos respeto por los derechos de propiedad y que, en definitiva, los bolivianos somos menos libres que antes. La burbuja de precios de materias primas ha llegado a su fin (aunque muchos precios de materias primas aún tienen niveles superiores a los de 2006) y con esto se irá acabando la ilusión de que el actual Gobierno ha hecho cosas buenas. Quedarán el despilfarro, los coliseos de 10.000 personas para poblaciones de 5.000 habitantes, la planta de urea mal ubicada, los taladros de YPFB, las obras inconclusas, las anécdotas del Fondo Indígena y los nuevos ricos; y estructuralmente quedará un país con reformas que son un retroceso, con una justicia en ruinas, con empresas públicas deficitarias y corruptas, con pensiones en manos del Estado, con un banco central sin independencia y un sinfín de políticas que nos condenan al subdesarrollo. Quedará un mundo por hacer y deshacer. 








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