Libertad de expresión amenazada
Inquietantes han sido las últimas aseveraciones del Gobierno que parecen mostrar la intención de limitar la libertad de expresión. Primero, cuando se dijo que “está prohibido hacer política en los escenarios deportivos” y después cuando se amenazó con procesar a quien “use políticamente la muerte de un universitario en El Alto”. Las advertencias siguen, ya que un jefe policial afirmó que se revisará en videos a quienes protestaron, para identificar a los manifestantes que agredieron a policías.
Las circunstancias salieron del control del Gobierno. En la inauguración de los Juegos Suramericanos y en algunas competiciones, ningún funcionario público pudo evitar que una gran parte de los asistentes coree: “Bolivia dijo No” y que esto incomode al presidente Evo Morales.
La situación también se desbordó en El Alto cuando hubo una protesta universitaria reprimida por policías, dejando como consecuencia la inesperada muerte de un estudiante de 20 años, bajo circunstancias que aún son confusas, por lo que ya se han registrado marchas en todo el país, denuncias penales contra el ministro de Gobierno y una contradicción en la versión dada por las autoridades, que deberían estar llamadas a dar certezas y hablar sobre la base de una investigación objetiva, en lugar de cambiar los argumentos en cada conferencia de prensa que dan.
En el caso de los Juegos Suramericanos, el ministro de Gobierno se basó en el decreto 1515 de 2013, en el que se detalla la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas u otros estupefacientes, así como a incitar al racismo y al uso de armas en escenarios futbolísticos . La norma no se refiere a manifestaciones políticas o protestas, pero se le da esa interpretación, quizás con el afán de asustar al público asistente.
En el caso de El Alto, el ministro acusó a dirigentes opositores de estar detrás de las versiones que hablan de que la Policía disparó contra el universitario y advirtió con “pedir la ampliación de investigaciones por difamación, calumnias y falso testimonio a gente que sigue esgrimiendo mentiras con fines políticos".
Lo evidente es que se pretenda sustituir la coherencia con la ley con amenazas que rayan en el autoritarismo. Sin duda, no habría gritos de “Bolivia dijo No” en los escenarios deportivos si se hubiera respetado el voto ciudadano en el referéndum de 2016, cuando la mayoría rechazó la reelección del presidente Evo Morales. Y no habría dudas acerca del accionar de la Policía en la represión a los universitarios si desde un primer momento se hubiera decidido esperar el resultado de una investigación científica, en vez de estar acusando primero a otros estudiantes, después a políticos del otro bando y más tarde no se sabe a quién más por el nefasto hecho.
Son días complicados para el oficialismo y demandan serenidad de parte de las principales autoridades, que deberían asumirse como gobernantes de todos los bolivianos, en lugar de ver como enemigos a todos los que están en desacuerdo con sus acciones. Su responsabilidad democrática debe trascender su afán político partidario.
