OPINIÓN



| 27/07/2017


Libertad de empresa

Algo no ha entendido bien el Gobierno, de todas las evaluaciones que se hacen dentro y fuera del país, sobre la falta de seguridad jurídica para la actividad económica en Bolivia.

Cuando se esperaba que comience un mea culpa y un proceso de enmienda de todos los errores que debilitan la libertad económica, el Gobierno propone la aplicación de sanciones penales para las empresas.
No es, ciertamente, un modo muy eficiente para alentar nuevas inversiones, internas o externas, que fortalezcan la economía del país.

Cuando el sector informal representa el 78% de las empresas del país, lo que refleja cómo son perseguidas las empresas del sector formal, se crea una nueva figura para ahuyentarlas, para amedrentarlas.
Si esto no es un error, es que la iniciativa forma parte de un plan dirigido a acabar con el sector privado formal y legal, quizá para cumplir algún plan específico.

Con las empresas estatales recibiendo respiración artificial y sometidas a ‘reingenierías’ que equivalen a un programa de despido de empleados, amenazar a las empresas formales parece un plan coherente, pero coherente con un propósito de destruir la economía.
Ningún cultivo de Santa Cruz ha crecido en los últimos 11 años debido a la falta de seguridades sobre la tenencia de la tierra. En cambio, según dice la ONU, los cultivos de coca aumentaron un 14% solo en el último año.

En ese detalle está la clave para entender lo que está pasando. Las actividades económicas legales son perseguidas mientras que las ilegales son alentadas mediante el incremento del área de cultivo de coca, incluido en la nueva ley. Los ilegales de Chapare se hicieron legales porque bloquearon carreteras y pusieron a su líder en el Gobierno. Quizá los nuevos ilegales aspiran a repetir la hazaña.

La propiedad de los cocales de Chapare está garantizada por una ley, mientras que la propiedad de los campos de cultivo de Santa Cruz está bajo la amenaza permanente de la FES (Función Económica y Social).
Los cocales, en cambio, cumplen una no todavía admitida “función económico-política”.

Por honestidad, habría que expresar estos principios en leyes, y definir, abiertamente, cuáles son las actividades económicas privilegiadas y cuáles las perseguidas.  








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