Las razones de tres consignas nacionales
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) desconoció algunos artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) inconvenientes para el proyecto de poder del MAS. Fue el paso definitivo a la dictadura, al autoritarismo y a la sobreposición del capricho de una persona y un partido sobre la voluntad del país. Desconoció la voluntad popular del 21-F y el artículo 168 de la CPE que postula solo una reelección continuada.
Ahora, dado que la CPE está cuestionada, todo está permitido. Por eso, ahora, con el Código Penal, el Gobierno trata de sentar las bases del nuevo diseño autoritario y policial de la repostulación del MAS. En otros términos, el Código Penal no pretende mejorar la administración de la justicia, menos los aspectos penales de esta. El propósito principal es el diseño de un instrumento jurídico que defina un escenario donde pueda el Gobierno encubrir las irregularidades de los actuales funcionarios gubernamentales y perseguir cualquier voz disidente y opositora.
Por ejemplo, el nuevo Código Penal busca acallar las protestas sociales. Arresta a quienes faltan el respeto a mujeres sindicalistas, funcionarias o candidatas. Destruye la unidad de bienes gananciales del matrimonio. Prohíbe cabildos. Deja sin pena por tortura a los funcionarios. Legaliza la eutanasia. Anula la Ley de Imprenta. Instruye el aborto voluntario. Dispone que lo decomisado, salvo excepciones, vaya al Ministerio de la Presidencia. Dispone la participación de los sectores sociales en la ejecución de sanciones. Establece que si un dirigente toma un predio particular pacíficamente no comete ningún delito. La reciente Ley de la Coca, al ampliar la superficie cultivada de coca, expandió la oferta de la coca y sus derivados; el Código Penal, el microtráfico de drogas. Ante esas barbaridades, ¿se esperaba silencio y complicidad?
Estas irregularidades generaron la protesta nacional y la exigencia de la abrogación del Código Penal, el rechazo a la repostulación y el reconocimiento y acatamiento gubernamental a la voluntad popular del 21-F. Esas tres consignas fueron y son las banderas de una creciente protesta ciudadana, pacífica pero indignada, imaginativa y comprometida.
El Gobierno, hasta ahora, no puede o no quiere entender la actitud hostil del país. Lo negó al comienzo, lo sigue negando y, apenas, como una cesión forzada, anunció la ‘socialización’ durante un año. El pueblo movilizado desconfía del anuncio gubernamental. ¡Cómo confiar en un gobierno que incumple su palabra de acatamiento a los resultados del 21-F! ¡Cómo confiar en un gobierno que incumple el artículo 168 de la CPE y manipula el art. 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos!
Si para el Gobierno lo relevante es la socialización, entonces, ¿qué discutieron en el Parlamento los oficialistas del MAS? ¿Solo levantaron las manos? Algunos dirigentes oficialistas criticaron a los parlamentarios la falta de ‘socialización’. ¿Aprobaron el Código Penal sin conocer, debatir, investigar y confrontar su contenido? Ante la evidente mediocridad de la redacción del código, ¿cuáles fueron los aportes de los expertos extranjeros? Al fin y al cabo, ¿quiénes son los autores intelectuales y materiales de tan deficiente documento jurídico? ¿Por qué se los mantiene en la clandestinidad y secreto?
Bolivia vive un momento de protesta nacional unida por tres banderas: la abrogación del Código Penal, el rechazo a la repostulación y el reconocimiento de la voluntad popular del 21-F.
