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19 de noviembre de 2017, 4:00 AM
19 de noviembre de 2017, 4:00 AM

Es necesario tomar posición ante las elecciones judiciales del 3 de diciembre de 2017, las segundas de nuestra historia realizadas para este tema y con esta modalidad. Esa posición debe emanar de dos razones. 

La primera, es la forma y el fondo del proceso electoral como tal. La experiencia de 2011 demostró que es un sinsentido pretender que los ciudadanos podamos emitir un voto consciente, informado y útil para la conformación del Órgano Judicial. El principio teóricamente ideal de darle al pueblo la decisión de elegir directamente a sus autoridades judiciales, se enfrenta a la dura realidad.

Hablamos de funcionarios de alta especialización, que deben estar al margen de la política y que no tienen como objetivo la presentación de programas de acción para ocupar sus cargos, sino, por el contrario, ser profesionales de excelencia con condiciones de experiencia e idoneidad que garantice una adecuada administración de justicia y su buen funcionamiento. Con estas características en juego, es imposible que los votantes podamos formarnos una idea siquiera somera de sus capacidades por la vía de una breve ‘campaña’ de conocimiento a través de los medios, peor aún si de lo que se trata es de ¡elegir nada menos que a 52 personas, entre titulares y suplentes, de cuatro instituciones del Órgano Judicial!  

En este laberinto, no me cabe la menor duda de que la mayor parte de los votantes no sabrá qué vota el día de la elección, no sabrá, por ejemplo, que una papeleta, la del Tribunal de Justicia y del Tribunal Constitucional, es de circunscripción departamental con ocho candidatos, cuatro por cada tribunal, tampoco sabrá que la otra papeleta es de circunscripción nacional con 14 candidatos por el Tribunal Agroambiental y 10 por el Consejo de la Magistratura. Cada votante tendrá que elegir nada menos que ¡de entre 32 candidatos y votar por uno de ellos en cada uno de los cuatro campos de las dos papeletas destinados a cada institución! Un rompecabezas harto incomprensible.

El 2011 con votaciones exiguas -entre el 5% y el 20% por cada candidato- con solo un 40% de votos válidos y un 60% de votos nulos y blancos, se posesionó a las cabezas del Órgano Judicial. Seis años después, hay unanimidad (que incluye al presidente y al vicepresidente) en que ha sido probablemente el peor periodo de la justicia en toda nuestra historia, por corrupción, ineptitud y sometimiento al Ejecutivo.

La segunda razón tiene que ver con la decisión del Gobierno, a través de sus dos tercios en la Asamblea, de imponer una preselección de candidatos sin escuchar a la oposición. Una preselección que repitió, a pesar del celofán de calificaciones y exámenes, los mismos vicios de 2011 con el objetivo de mantener a los candidatos bajo control del Gobierno. Por ambas razones, queda un solo camino para expresar de manera libre y soberana nuestra decisión en esta elección, y que no puede ser otra que el rechazo de dos cosas: el sistema de elección y la forma en la que los candidatos han sido preseleccionados. Este rechazo busca abrir un debate para una reforma de la Constitución que cambie la forma de elegir a las cabezas del Órgano Judicial. Mientras eso no ocurra, se debe exigir una preselección plural y creíble que permita a los mejores juristas del país presentarse con la certeza de que contarán los méritos, la honradez y la excelencia.

Entre los caminos democráticos y constitucionales que tengo como ciudadano de a pie, está la obligatoriedad del voto, pero además el desafío de votar en un momento tan importante. La abstención, en mi opinión, no cabe por lo que está en juego, por la necesidad de escuchar la voz del pueblo.

Quedan, dentro del ejercicio libre de mi voto, tres caminos: el voto válido, el blanco y el nulo. Me decido por el nulo. Es bueno subrayar que el voto nulo es legal, que no se suma a los válidos y que expresa con claridad un desacuerdo con las dos cuestiones fundamentales arriba explicadas, que invalidan esta elección como un camino para mejorar el sistema de justicia. El voto blanco, pese a que no es el camino que yo elijo, es también una expresión de escepticismo sobre el proceso, que se puede considerar como una forma de expresar que no se acepta el mecanismo electoral. El objetivo último el 3 de diciembre es expresarse democráticamente para cambiar lo que de modo probado está mal y ha llevado a la justicia a un desastre mayor -si cabe- del que teníamos antes de 2011, por lo que se requiere lograr la independencia del Órgano Judicial.

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