El Deber logo
23 de enero de 2018, 4:00 AM
23 de enero de 2018, 4:00 AM

De un tiempo a esta parte, vengo sosteniendo un diálogo más que interesante con Carlos Hugo Molina, profesional destacado al que aprecio como persona y como intelectual. Definitivamente tenemos posiciones ideológicas diferentes, situación que no ha sido un obstáculo en el momento de debatir ideas en torno a un tema que nos apasiona a ambos: la descentralización y su aplicación en nuestro Estado Plurinacional. 

En días pasados, Carlos Hugo Molina hizo referencia en su columna semanal (EL DEBER, 27/12/2017) a un artículo de mi autoría que, al parecer, le ha causado malestar por algunas afirmaciones que las puedo sostener sin ninguna duda. Que el modelo autonómico actual ha superado con creces los indicadores de la Participación Popular, proceso este último que definitivamente municipalizó el Estado, en detrimento del nivel intermedio, en un contexto en que el Estado neoliberal no solo era vergonzosamente dependiente de potencias externas, sino que también presentaba una economía famélica (en el periodo 1996-2005, los municipios recibieron casi Bs 15.000 millones, mientras que en el periodo 2006-2016 los municipios recibieron Bs 106.000 millones, es decir, siete veces más recursos económicos). 

En este contexto, la Participación Popular no fue –ni de cerca– una solución real para la transformación de las condiciones de vida de la población en general. Y esto por una razón fundamental: el modelo de descentralización que pretendía la Participación Popular se gestó sobre un Estado con una economía tan deprimida –a consecuencia de los paquetes de ajuste estructural de corte neoliberal– que inviabilizó los propósitos y objetivos de tal reforma de organización política y territorial. 

En contrapartida, el Estado autonómico, tal como está diseñado –en el que los municipios no se encuentran ‘encapsulados’ al nivel intermedio (gobernaciones)–, ha permitido una ampliación de la democracia adecuando la institucionalidad del Estado en todos sus niveles, con el objetivo de una mejor ejecución de las políticas públicas y de servicios para la ciudadanía. 

Si revisamos los indicadores en materia de desarrollo humano y económico, salta a la vista el impacto positivo que han generado las sucesivas medidas económicas y políticas sociales –como aquellas redistributivas del ingreso– instituidas desde el año 2006 por el presidente Evo Morales, superando con creces los indicadores del periodo de apogeo de la Participación Popular (1994-2006). 

Así, por ejemplo, entre 1996 y 2006, la pobreza extrema en el país solo pudo reducirse un 4,9% (del 64,8% al 59,9%), mientras que en un periodo similar –11 años–, entre 2006 y 2016, se logró disminuir el mismo indicador en casi un 21% (del 59,9% al 39,4%). 

Otro ejemplo claro que concierne al ámbito rural es la disminución de la brecha de ingresos; mientras que hasta el año 2005 los ingresos del 10% más rico de la población eran 157 veces mayor a los ingresos del 10% más pobre, en el año 2015 esa brecha se redujo un 60%, es decir, 63 veces. La esperanza de vida al nacer aumentó de 64,7 años (gestión 2005) a 68,7 años (gestión 2015); los años promedio de escolarización mejoraron de 8,3 años (gestión 2005) a 13,8 años (gestión 2015); y el producto interno bruto per cápita, en relación a la paridad del poder adquisitivo (PPA), subió de 3.620 dólares (gestión 2005) a 6.155 dólares (gestión 2015). 
Finalmente, las autonomías ahora sí están y contabilizan el desarrollo nacional. 

Tags