La salud pública amenazada
Bajo el sugerente título El negocio de la muerte, el economista Gonzalo Vidaurre Andrade llevó adelante, por encargo del IBCE, una investigación sobre el comercio informal de medicamentos en Bolivia, con base en más de 1.000 encuestas levantadas en las ciudades de El Alto, La Paz y Santa Cruz. Las conclusiones del trabajo son reveladoras y muy preocupantes porque muestran la cruda realidad del contrabando, la falsificación y la adulteración de medicamentos en el país, en perjuicio de productores, importadores y comercializadores legalmente establecidos. Pero no cabe duda de que el consumidor es el mayor damnificado porque la ilícita actividad pone en grave riesgo su salud que representa su bien mayor.
Según las indagaciones de Vidaurre Andrade, desde el punto de vista de la oferta, entre el 18% y el 21% de las ventas de la industria farmacéutica en el mercado nacional está afectado por este delito, mientras que los importadores son perjudicados por la falsificación con un promedio del 20% de sus ventas. Un dato relevante señala que, en 2017, la Aduana Nacional se incautó de más de 30 toneladas de medicamentos ingresados ilegalmente a territorio boliviano. Se calcula, además, una evasión impositiva cercana a los $us 15 millones y una afectación del 0,2% del PIB.
En un mapeo llevado a cabo en diferentes zonas de La Paz y en la feria 16 de Julio de El Alto, se comprobó la existencia de 100 tiendas que venden medicamentos; 66 pertenecen a cadenas de farmacias, 104 son farmacias de barrio y hay 75 comercios de medicamentos naturales y comercios ambulantes. Información extraoficial, no confirmada, dice que en estas ciudades funcionan aproximadamente 1.000 farmacias privadas, otras 369 boticas y aproximadamente 800 son ilegales.
En cuanto a la demanda se refiere, el contrabando y la falsificación de medicamentos es un lucrativo negocio y una amenaza para la salud pública en Bolivia. Según la encuesta realizada a más de 1.000 consumidores en las cuatro principales ciudades del país, el consumo de medicamentos de dudosa procedencia y calidad atañe principalmente a los antigripales, antidiarreicos, analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios, antihistamínicos y antidepresivos. La misma encuesta reveló que el 47% de los consumidores compra en cadenas de farmacias; el 35%, en farmacias de barrio; y el 16%, de vendedores ambulantes, tiendas y otros. Solo un 2% de los encuestados lo hace por internet y un 24% dijo hacerlo con receta médica. Sorprendentemente, un 76% dijo saber que muchos medicamentos pueden ser falsos, un 24% ignora si son de contrabando y un 44% no sabe identificar si es legal lo que compra.
Los resultados de la investigación son un fuerte toque de alerta para mejorar la regulación, autorizaciones e inspecciones para la venta de medicamentos al por menor, mientras que es necesario educar y concienciar al consumidor sobre los riesgos que representa para su salud, un negocio que permite lucrar con las necesidades y el dolor ajeno a gente insensible e inescrupulosa.
