La salud, otra vez en conflicto
La población en su conjunto es la principal perjudicada por la falta de solución a los graves problemas que enfrenta el sistema de salud, y por sus consecuencias, la ineficiencia de los servicios y las protestas que terminan por afectar a quienes demandan la atención sanitaria.
Médicos y profesionales cumplieron un masivo paro de actividades en el sector público, una decisión que se adopta por la falta de respuesta del Gobierno nacional a demandas acumuladas que no encuentran un cauce y que, más bien, se agravan con más decisiones que prometen modificar el escenario como es el denominado Seguro Universal de Salud (SUS) que, según los galenos, se plantea sin condiciones de infraestructura y de personal suficiente y en medio de una abierta campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2019.
El paro es una medida extrema que tiene efectos directos en la población, que, más allá del conflicto, reclama atención a necesidades fundamentales que ponen en riesgo la propia vida de las personas. Es lamentable que el Gobierno y las entidades sindicales no hayan extremado esfuerzos para llegar a acuerdos que eviten este tipo de decisiones y permitan resolver de una vez los graves problemas que tiene la salud.
No podemos como sociedad jugar así con la salud. El Poder Ejecutivo tiene que dar respuesta a los reclamos sectoriales que hace más de un año vienen reclamando por ítems para los centros de salud que administran gobernaciones y municipios. Las carencias son enormes. Faltan equipos, falta personal, faltan medicamentos. Esto se observa por las deficiencias que tienen los servicios médicos del sector público, lo que ha llevado a la presunción, no lejana de la realidad, de que la salud es un privilegio que solo pueden obtener los sectores sociales que tienen ingresos suficientes para pagar la atención médica en el sector privado.
Los médicos incluyeron en su pliego de demandas la liberación de una profesional procesada por presunta mala praxis médica. La crisis de la salud en Bolivia también tiene su reflejo en la multiplicación alarmante de muertes de pacientes por presunta negligencia, lo cual debe motivar la reflexión de todas las partes involucradas.
Funcionarios públicos y profesionales médicos tienen la obligación de lograr consensos que nos saquen del actual atolladero en el que se encuentra la salud en Bolivia. Los diferentes congresos nacionales de salud tampoco han permitido encontrar estos acuerdos necesarios.
No queremos que pase como en Venezuela, donde la gente no tiene acceso ni siquiera a servicios básicos ni medicamentos elementales para sobrellevar las enfermedades que ponen en peligro su vida.
