La reelección presidencial en América Latina
Recientes episodios políticos vividos en América Latina confirman los riesgos para la institucionalidad democrática que representa la reelección presidencial. Colombia, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Bolivia y Ecuador han sido escenarios en los que en los últimos años se han suscitado, en diversa medida, conflictos desde la óptica del Estado de derecho y de los equilibrios democráticos, relacionados con la reelección.
Sistemas políticos de signo ideológico diverso se han topado con afanes reeleccionistas y han forzado, en mayor o menor grado, las barreras constitucionales para satisfacerlos. Esta tendencia ha sido bastante acusada en países influenciados por el modelo del llamado Socialismo del Siglo XXI, pero han trascendido a ese sello dogmático.
El caso hondureño es a estos efectos ilustrativo, ya que las fuerzas partidistas tradicionales, que combatieron denodadamente las pretensiones de Zelaya de promover reformas a la Constitución orientadas a prever la posibilidad de la reelección, no tardaron mucho en acudir a mecanismos francamente inconstitucionales y antidemocráticos para hacer viable la reelección del actual presidente, máxima figura de una de esas organizaciones, con el agravante de que ello supuso quebrar la posición institucional propia de los jueces constitucionales en una democracia constitucional. En la dirección opuesta apunta la experiencia colombiana, pues el intento de Uribe de lograr por segunda vez una modificación constitucional continuista fue certeramente bloqueada por la Corte Constitucional.
Algo similar a la experiencia hondureña, aunque más lesivo de la constitucionalidad democrática, acaba de suceder en Bolivia. El Tribunal Constitucional Plurinacional de ese país resolvió, ante la solicitud presentada en tal sentido por el partido de gobierno, que el presidente Evo Morales puede aspirar a una nueva reelección, a pesar de que la Constitución aprobada por el pueblo en Asamblea Nacional Constituyente y ratificada en referendo solo permite la reelección por una vez y pese a que ese mismo pueblo, en 2016, rechazó mediante referendo la reforma constitucional promovida por el oficialismo, dirigida a suprimir los límites constitucionales a la reelección presidencial.
Esa clara manifestación de voluntad del titular de la soberanía, en ejercicio del poder constituyente y de su facultad de ratificar o no modificaciones a lo ya establecido con base en dicho poder, fue ignorada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que invocó erróneamente los derechos humanos del presidente que pretende ser reelecto y los de los electores que podrían elegirlo (sufragio activo y pasivo), para dejar de lado la normativa constitucional y la decisión popular. El yerro de ese Tribunal Constitucional estriba en que, si bien el primero y los segundos pueden aducir a estos fines sus derechos políticos, estos no son absolutos, pues las constituciones pueden fijar límites razonables a su disfrute, al definir los principios de los sistemas electorales.
Esta desembocadura de la jurisprudencia de dicho Tribunal está cargada de cinismo, ya que procesos políticos como el boliviano se han sustentado teóricamente en la idea de la soberanía y del poder constituyente del pueblo, mientras que la limitación del poder por los derechos humanos pasa a un segundo plano, pero cuando el respaldo popular se reduce se desempolvan categorías ajenas a su filosofía política de fondo, que son usadas interesadamente. Cabría pensar que la ecuación a fin de cuentas no es concluyente, ya que será el mismo electorado el que se pronunciará sobre la reelección o no de Evo Morales, en los próximos comicios.
Sin embargo, la apuesta reeleccionista o continuista a ultranza pone hasta tal punto en peligro la institucionalidad democrática que lleva consigo la disposición a extremar los mecanismos de ventajismo, persecución política, cuando no de fraude electoral, para conseguir el triunfo. Acaso Evo Morales tuvo a la vista, al impulsar ese quiebre democrático por medio del Tribunal Constitucional, las experiencias de Ecuador y de Venezuela. La primera porque allí la salida elegante de Correa, quien no insistió en pretensiones reeleccionistas ante la certeza de la victoria de un cercano colaborador y seguro albacea de su legado, Lenín Moreno, se mostró fallida cuando este último se desmarcó rápidamente de su predecesor.
La segunda, porque aquí el Gobierno nacional demostró que podía obtener el anuncio oficial de su triunfo electoral aun cuando no contara con mayoría electoral. En sentidos distintos estos episodios de países hermanos en la misma ruta populista colocaron al Gobierno boliviano en la encrucijada de la verdadera alternancia democrática, y en lugar de dar cabida a esta última optó por radicalizar el planteamiento continuista, con daños significativos para los restos de Estado de derecho que ese proceso podría conservar. Esta ojeada a la situación de la región en la materia corrobora que una reforma constitucional necesaria en Venezuela es la de restablecer límites a la reelección de los titulares de cargos ejecutivos.
