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| 04/08/2018


La prestidigitación del caso Quiborax

Los prestidigitadores son maestros en el arte de la ilusión, capaces de crear fantasías que parecen realidades, sin que los intrigados observadores puedan averiguar qué sucedió. Su arte se basa esencialmente en efectuar imperceptibles movimientos para encubrir la realidad a fin de engañar el raciocinio del espectador. Arte en el cual la defensa del señor Carlos Mesa ha demostrado una gran maestría, primero, presentando los errores de su gobierno como las virtudes de un insigne ‘nacionalizador’; segundo, tratando de comparar sus erradas acciones con las genuinas nacionalizaciones efectuadas por el Gobierno del presidente Morales y, finalmente, buscando defenestrar la imagen de determinadas autoridades tratando de cargar la responsabilidad de su gobierno en otras espaldas. Es decir, “nada por aquí y nada por allá” en temas jurídicos en materia de arbitraje internacional ni menos justificaciones lógicas sobre las acciones y omisiones de su gobierno que engendraron el caso Quiborax y sus penosas consecuencias.

Sobre lo primero, la defensa del señor Mesa ha decido disfrazarlo de un ferviente “nacionalizador” que buscaba proteger los bienes del Estado. Nadie medianamente informado puede creer esta milagrosa conversión, cuando en la memoria colectiva está aún fresco el hecho que no tuvo la determinación de firmar la Ley de Hidrocarburos, señalando textualmente en su renuncia que esta norma era “inviable” e “imposible” porque así se lo dijeron organismos financieros internacionales. Máscara que también se cae cuando recordamos la conclusión que hacía el señor Mesa en una columna de opinión del 2012, en la que refiriéndose a las nacionalizaciones del Estado afirmaba: “Despojados de todo el ropaje ideológico no parece que el porqué y el para qué de las nacionalizaciones tenga sentido, el más importante, hacer que después de las nacionalizaciones los bolivianos estemos mejor que antes”. Justamente, deberíamos preguntarnos si las acciones del gobierno del señor Mesa sobre el caso Quiborax aportaron aunque sea un solo centavo al erario nacional.

Por lo mismo, el falso paralelismo que intenta crear el señor Mesa entre las nacionalizaciones del gobierno del presidente Morales con su improvisada acción no es más que otro truco sacado de la manga. Al respecto, debe recordarse que el derecho a la nacionalización se encuentra consagrado en el art. 2 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, como corolario del principio de la soberanía permanente del Estado sobre su riqueza, recursos naturales y actividades económicas. Como tal, debe efectuarse cumpliendo la normativa interna y por razones de utilidad pública, seguridad o interés público que pueda beneficiar fáctica y no discursivamente al desarrollo del país; lo que también debe venir acompañado de una compensación para el inversionista. Sobre esto último, la defensa del señor Mesa presenta el pago del laudo Quiborax como una “derrota” del Estado en la defensa del caso, creando el falso imaginario que el pago “cero” hubiera sido la verdadera victoria. Al respecto, desconoce que en un arbitraje de inversiones lo que se discute es el monto de dicha compensación y que el “éxito” del caso se mide por la reducción de las pretensiones del demandante ante Tribunales creados justamente para defender sus intereses. Finalmente, también debe recordarse que el primer principio internacional de Bolivia es “cumplir lo pactado” (pacta sunt servanda), tal como hoy lo exigimos a Chile; y que por la misma lógica no podemos comprometer la imagen y la buena fe del Estado desconociendo decisiones internacionales a las que desafortunadamente anteriores gobiernos nos sometieron.

Finalmente, el señor Mesa ha decidido atacar la imagen del ministro de Minería, del procurador del Estado y del ministro de Justicia para tratar de repartir la carga de sus responsabilidades, apoyándose en argumentos forzados. Lo que resulta inverosímil, ya que el ministro Arce fue el promotor y creador del paradigma de la Defensa Legal del Estado con el apoyo del procurador Menacho, en un momento donde Bolivia no tenía ninguna institución que la defienda, dejando los intereses del pueblo al apetito de actores privados. Justamente, el mayor resultado de este nuevo paradigma sobre la Defensa del Estado es la Demanda Marítima boliviana, que sin duda alguna es la obra jurídica más importante de la historia de Bolivia y que ciertamente el señor Mesa se siente orgulloso de defender. Lo que resulta una curiosa contradicción: adorar la obra, pero detestar a sus creadores.

De haber sido verdaderos amantes de la defensa legal del Estado, el gobierno del señor Mesa bien podría haber denunciado los 21 tratados de protección de inversiones promovidos por su socio político Sánchez de Lozada; o hasta quizás haber fundado una Procuraduría o una Diremar para reparar una historia marcada por el despojo y el engaño. Lamentablemente, no fue ni lo uno ni lo otro, quedando sobre la mesa únicamente las acciones que fueron declaradas contrarias al Derecho Internacional, no por el gobierno del presidente Morales, sino por un Tribunal Internacional. Todo lo demás es tan solo un acto de ilusionismo mediático.








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