OPINIÓN



| 08/06/2017


La política: ¿bien público o mercancía?

El tema es controversial, pero urgente de debatir. No es fácil pronunciarse a favor del financiamiento público a las Organizaciones Políticas (OP) cuando el prestigio de la política va en picada y su futura ley está siendo objeto de una ronda de consultas a iniciativa del Órgano Electoral Plurinacional. Sin embargo, las OP son importantes y enfrentan el reto de adecuarse a un mundo cambiante y de reinventarse para recuperar la confianza de la sociedad. 

El periodo en el cual el financiamiento público entró en vigencia en Bolivia (1997-2008) fue demasiado corto para ponderar sus ventajas y limitaciones. La segunda década del siglo XXI pinta un panorama distinto. Además de la necesidad de asegurar mecanismos que prevengan la penetración de recursos de origen dudoso en las campañas, sobran argumentos para reponer el financiamiento público para tiempos electorales y no electorales. La consolidación de un sistema de partido político predominante con pulsiones hegemónicas como el MAS, el uso electoral del programa Bolivia cambia, Evo cumple y el Fondo Indígena son razones suficientes para buscar mecanismos urgentes para nivelar las condiciones de competencia electoral ahora desiguales. 

Otro poderoso argumento tiene que ver con la duda de que el Órgano Electoral tenga el físico para imponer sanciones de rigor a un partido oficial que veladamente destina gran cantidad de recursos públicos para reproducir el poder, tal como ocurre en varios países donde es prohibida la propaganda institucional con la imagen del candidato presidente, así como su presencia en inauguración de obras desde el momento de la convocatoria a elecciones.

La capacidad de un Estado democrático de responder a las demandas ciudadanas cuesta y depende, en gran medida, de la calidad de sus líderes políticos y de las OP. Desde esta perspectiva, el desarrollo y el fortalecimiento de estas instancias deberían asumirse como un bien público a promover, proteger y fiscalizar para evitar que sean concebidas como meras mercancías disputando la preferencia del mercado electoral, como si se tratara de gaseosas o detergentes. En otras palabras, así como en economía aplaudimos que el Estado corrija los efectos perversos del libre mercado, con mayor razón debiéramos promover el combate, vía fiscalización y financiamiento, a los efectos también nocivos de la competencia desigual en un mercado político altamente prebendalizado. No hacerlo, significaría apostar por la privatización de la política. 








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