La pobreza como escudo de magnates
Una de las quejas más persistentes del sector agroexportador es la inseguridad, referida especialmente a la frecuencia de ocupaciones ilegales de cultivos, estancias o haciendas establecidas.
El ‘avasallamiento’ es una pieza central del relato con que los mayores exportadores de soya y ganaderos negocian con el Gobierno, reclamando no solo la protección del Estado a la propiedad privada, sino una cadena de reivindicaciones, concebidas en parte como compensación y, por otra, como una plataforma compartida por los gobernantes y estos sectores de indiscutible supremacía económica en Santa Cruz.
Sus principales reivindicaciones se resumen en la supresión del control sobre la función económico-social de la propiedad, libertad irrestricta de exportación, devaluación monetaria y plena legalización del uso de semillas transgénicas y el paquete tecnológico asociado a su uso, como ahora se da en la práctica totalidad de los cultivos de soya.
La plataforma común que comparten estos agentes económicos y los administradores del Estado es la ampliación continua de la frontera agrícola y el mercado de tierras, hasta el punto que el MAS propone en su programa de reelección permanente, que este partido llama Agenda Patriótica, ensanchar la frontera agrícola hasta alcanzar una área que superaría la superficie territorial conjunta de Holanda, Dinamarca y Suiza.
Los 13 millones de hectáreas para agricultura y ganadería que tendríamos en 2025, si se realizase el plan gubernamental, solo pueden alcanzarse mediante un gigantesco sacrificio de bosques, ubicados principalmente en parques nacionales y territorios indígenas, a la mayor velocidad posible. La cúpula gubernamental se propone utilizar una fórmula de eficacia histórica probada, como es el estímulo de la colonización espontánea, semidirigida y dirigida, ensayada masivamente desde mediados del siglo pasado y que ha tenido como resultado un proceso continuo de ocupación territorial, de tierras altas a tierras bajas, encabezado por familias de campesinos pobres, que ha definido y escrito capítulos clave de nuestra historia nacional de este periodo.
Es en ella donde deben buscarse las razones del fracaso de las versiones más radicales de autonomía departamental y federalismo, que se confrontaron con el Gobierno entre 2006 y 2008 y que fracturaron la unidad entre empresarios y el enfoque político predominante en el Comité Cívico. Empero, es también en ella que se fundamenta el estrecho lazo que ahora une al proyecto masista con los sectores empresariales a los que antes catalogaba como parte del núcleo enemigo.
Parte de los antiguos colonizadores que ocuparon de 1950 en adelante las tierras bajas del este, convertidos ahora en pequeños y medianos, pero prósperos, productores de soya y otras oleaginosas, se convirtieron en la bisagra que articula los intereses de gobernantes y agroexportadores, para cimentar una alianza que supera la desconfianza e inclusive el rechazo que en múltiples niveles los han separado y continúan distanciándolos.
Los colonizadores de ayer (cuya historia e identidad se desconoce bajo la nueva denominación de interculturales) comparten con los cocaleros, especialmente los de Chapare, la experiencia de haber conquistado un espacio económico que los asimila a la economía de mercado y los convierte en impulsores natos de su ensanchamiento.
Sus hijos, al lado de las familias de agricultores pobres que buscan nuevas tierras, ensanchan a diario la frontera agrícola y, por encima de ello, el mercado de tierras que se alquilan o venden a ávidos inversores, a los que desde luego les tiene sin cuidado que el país sacrifique su futuro –que depende de preservar bosques, fuentes de agua, biodiversidad y las culturas que se les asocian–, porque la necesidad de utilidades se impone a todo, aun en tiempos de cambio climático y calentamiento global.
He aquí uno de los enigmas que permite entender mejor la estrategia gubernamental y su concurrencia con quienes están dispuestos a financiar su triunfo, más allá de las palabras y los gestos.
