La negociación salarial
A 26 días del Día del Trabajo, el Gobierno y la COB están a punto de sentarse a negociar el aumento salarial correspondiente a esta gestión. La particularidad tiene que ver con que Bolivia ya está viviendo un año político, que puede generar distorsiones tanto en la demanda como en la oferta de incremento. A lo anterior se suma la realidad que está marcando que este no será un año de tanta bonanza como los anteriores, una gestión en la que debería optarse por la austeridad, en lugar de medidas cargadas de afán electoralista.
La COB definirá mañana su pliego petitorio, con una demanda de incremento salarial que sus dirigentes anticipan será mayor al 7% decretado el año pasado, además del planteamiento de negociar únicamente con el Gobierno, excluyendo al sector de los empresarios privados. Por su lado, el Gobierno ha planteado que la cifra será superior a la inflación del 2,71% registrada en 2017.
Aunque la oficina regional del Ministerio de Trabajo no tiene estadísticas de despidos y contrataciones desde mediados del año pasado, empresas especializadas en selección del personal reportan que hubo una caída del 17% en la demanda de trabajadores este trimestre con relación al mismo periodo en 2017. También refiere que entre un 12 y 18% de empleadores están evaluando procesos de reestructuración interna que implican reducción de recursos humanos, por los altos costos.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados se ha pronunciado indicando que la negociación no debería limitarse al porcentaje de incremento, pues tendría que incorporar variables como la estabilidad laboral de los trabajadores. A él se suma el presidente de la Cainco, quien sostiene que las empresas más afectadas por un alza salarial desproporcionada serán las pequeñas y medianas, que son precisamente las que mayores fuentes de empleo generan.
Estudios señalan que el 70% de las actividades económicas son informales, es decir empresas que no tributan, que no dan seguridad social ni aportan para la jubilación de su personal; entre estas también están las que ni siquiera cumplen con el salario mínimo nacional de Bs 2.000.
Un incremento desproporcionado puede dar lugar a que ese sector no regulado se incremente y que las más afectadas sean las personas que, por costos, son despedidas de empresas legalmente constituidas y absorbidas por aquellas que no cumplen con la normativa laboral. Otro efecto podría significar la reducción del salario, lo que implica un despido indirecto y la disminución de la calidad de vida de miles de personas.
El Estado es uno de los mayores empleadores a escala nacional. Es recomendable que analice también que las perspectivas económicas demandan mayor racionalidad y una política de austeridad, tanto en las oficinas públicas como en las empresas estatales.
Todos los asalariados quieren tener un incremento que al menos permita sostener el poder adquisitivo de sus ingresos, pero seguramente también buscan la estabilidad laboral. En ese sentido, es prudente dejar a un lado la política y enfocarse en las variables económicas y la realidad nacional que no es tan alentadora, como ya anticiparon economistas. La prudencia y la racionalidad serán fundamentales para no afectar a millones de bolivianos que dependen de un salario mensual.
