La muerte de un universitario
Cuando una vida joven se pierde, nada la devuelve y nada logra reparar el daño al país, a la familia, a la comunidad universitaria, a El Alto y a todos. Jonathan Quispe Vila, de 20 años, es el nombre del estudiante de la UPEA que el jueves fue abatido durante una marcha en la que él, sus compañeros y docentes estaban pidiendo un incremento en el presupuesto para esa casa de estudios superiores.
Jonathan quería ser periodista, contar sobre las noticias y no convertirse en una de ellas, pagando con su vida el precio de salir a protestar. La del jueves no fue la primera movilización de la UPEA, ya que la demanda de mayor presupuesto data del año pasado; es más, se registra en noviembre una represión con heridos y detenidos. El tema no estaba siendo resuelto por las autoridades, que ahora convocan al diálogo y a la negociación.
Si bien la Policía está llamada a evitar el desorden en las vías, no es menos cierto que en algunas ocasiones se le va la mano con la represión a las marchas de protesta. El ministro de Gobierno asegura que el proyectil que segó la vida de Jonathan no fue una bala disparada por un uniformado, sino una canica de cristal, lanzada dentro de un petardo, cuya fuerza perforó el tórax y el pulmón del estudiante.
El hecho ocurrió en la ciudad de El Alto, espacio geográfico al que todos los políticos le temen por su fuerza combativa. Quizás por eso, las autoridades de Gobierno se apresuraron a acusar a los mismos estudiantes de haber lanzado la canica en el petardo e incluir “afanes políticos” en la sindicación. El presidente instruyó una profunda investigación a tiempo de dar las condolencias, mientras que desde el Ministerio de Gobierno se daba la orden de suspender a las máximas autoridades policiales de El Alto para proseguir con la indagación.
En la universidad, estudiantes, docentes y otras autoridades cuestionaron la hipótesis del Gobierno, al señalar que Jonathan no cayó donde supuestamente recibió el impacto. Es más, toda la comunidad universitaria estatal anuncia movilizaciones desde la siguiente semana y esa puede ser una bola de nieve que complique al Gobierno.
Al país le duele una muerte así, no solo porque se trata de una vida joven con un porvenir truncado, sino porque no debería ocurrir que una persona muera en una marcha de protesta. Frente a esa realidad, urge que la investigación sea objetiva y transparente. Que las pesquisas no busquen minimizar la responsabilidad policial y que las acusaciones no sean apresuradas. Frente a tanta confusión, los bolivianos necesitan confiar en la responsabilidad de sus instituciones y eso no será posible si es que los afanes políticos se anteponen a la búsqueda de la verdad.
