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| 25/09/2018


La gota que rebalsó la copa de la justicia

La señora jueza del Estado Plurinacional Patricia Pacajes Achu, con las palabras expresadas en una entrevista sobre el desliz en que se ha visto envuelta por su estado de ebriedad, ha generado una sensación de asco y repugnancia colectiva.

Analizando las repercusiones del hecho, no hay duda que el desprecio que ha producido su conducta es proporcional al grado de liviandad con la que se ha referido a la vida de una criatura y al armado de una trama para encontrar al culpable que libere de responsabilidad a una instancia del poder.

La reacción generada surge a partir de preguntas que se producen por sus propias palabras. ¿Fue drogada para decir lo que dijo sobre la condena de 20 años a un inocente? ¿Reconociendo que es su voz, por qué no puede creer lo que dijo en el audio? ¿Enjuiciará al ciudadano que las hizo pública?

La forma como ha reaccionado, con patrañas deleznables, ha dejado en duda su propia dignidad al no guardar silencio frente a la evidencia, no admitir su culpabilidad y reaccionar contra la condena social que ya pesa sobre ella. Con prepotencia política anuncia la ejecución de procesos contra quien dejó en evidencia su inconducta, abriendo la posibilidad de hacerlo contra todos los que opinen desde la molestia social.

Sin duda, la señora jueza ha perdido la oportunidad que le dio la vida de reconocer su culpa y la torpeza de su conducta será condenada cuando la justicia actúe.

La administración de Justicia, en sociedades civilizadas, debe cumplir premisas elementales. Debe establecer el equilibrio del ejercicio de derechos entre el socialmente débil y el poderoso, sea económico o político. Debe proteger la dignidad y la integridad física y sicológica de las personas frente a acciones de violencia. Debe garantizar el patrimonio legalmente adquirido de las personas, protegiendo su uso y disfrute. Tiene que dar las garantías de independencia a la hora de la evaluación de la prueba para restablecer derechos conculcados. Para lograr estas condiciones, los juzgadores deben estar investidos de una autoridad suficiente como para soportar las presiones que se producirán a la hora de emitir un fallo.

La inconducta de la jueza Pacajes, luego de su aceptación voluntaria, permite afirmar que el sueño del Estado Plurinacional de lograr la independencia, probidad e idoneidad del sistema judicial mediante la elección popular ha terminado. No se trata de un hecho aislado o de una situación anecdótica. Estamos frente a la evidencia que esta justicia ya no le sirve a nadie. Y las excepciones, que existen, no hacen masa crítica para salvar una situación insostenible.

Frente a la evidencia, y habiendo fallado las cumbres realizadas para ajustar el ejercicio de aplicación de justicia, no existiendo ni la voluntad ni la firmeza suficiente del propio órgano para superar su crisis, y comprobando de qué manera el sometimiento de la justicia al poder político causa daño permanente a los ciudadanos, solo queda demandar la renuncia de los juzgadores elegidos y designados bajo esta modalidad, declarar en suspenso la designación de nuevas autoridades y aplicar un método de urgencia y excepción para llenar los cargos vacantes, creando una Comisión integrada por universidades y colegios profesionales idóneos.

Como previsiblemente esta situación no se dará en la presente gestión gubernamental, exigirla se aplique a partir de enero del 2020, con el nuevo gobierno, cualquiera sea el elegido.





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