Opinión

La discriminación al sector privado

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20 de agosto de 2018, 4:00 AM
20 de agosto de 2018, 4:00 AM

Es evidente que en los últimos años se ha generado, desde el Gobierno, una tendencia a la discriminación sistemática hacia las empresas privadas, lo que se refleja en algunos ámbitos como la política laboral y salarial, la presión tributaria, el acceso a fuentes de financiamiento y la desprotección frente a la informalidad y el contrabando.

Hace unos días, EL DEBER informaba de que en los últimos nueve años el Banco Central había erogado créditos por 8.424 millones de dólares a las empresas estratégicas del Estado, a plazos entre 18 y 50 años, y tasas de interés de hasta el 0,62%, condiciones que jamás se otorgaría a las empresas privadas.

Pese a que manejan recursos públicos, si las empresas estatales quiebran, son negligentes o hacen mal uso de los recursos, ningún ministro o director será sancionado ni se aplicará la Ley de Empresas Sociales ni se producirán juicios ni se confiscará ningún bien: el Estado, es decir, todos los bolivianos, pagaremos los costos. Eso no ocurre con las privadas que, en esos casos, serán sujetos de juicios laborales, confiscaciones y pérdidas, de las que muchas veces no podrían recuperarse.

En el tema salarial, los únicos que están obligados a aumentar anualmente los sueldos son los privados; las entidades del Estado pueden hacerlo a su voluntad y, en el caso de las empresas públicas, se les permite considerar factores como la disponibilidad de recursos, utilidades proyectadas y productividad. De hecho, la mayoría de las entidades públicas decidió este año no aplicar ningún aumento.

En el ámbito de la inmovilidad laboral, la norma establece estabilidad incondicionada para el trabajador en el sector privado, mientras que en el ámbito público esta no es absoluta y depende de la posibilidad de las entidades, el desempeño de los trabajadores o las decisiones casi arbitrarias de las autoridades. Incluso un simple cambio de gestión o de jefaturas produce automáticamente una cadena de despidos masivos que no tiene ninguna consecuencia.

En el caso de las demandas por reincorporación, el 88,4% de los procesos en el ámbito privado, atendidos por el Ministerio de Trabajo, son resueltos a favor de los trabajadores, es decir que resulta casi imposible para una empresa aplicar una desvinculación laboral, aunque ya no se pueda mantener a un trabajador o haya incurrido en faltas graves, lo que no ocurre en las instituciones estatales, en las que los despidos ni siquiera obligan a pagar beneficios sociales.

Las empresas públicas hoy se han convertido en un aparato económico paralelo, destinado a competir con las empresas privadas formales, en un reducido mercado, fuertemente afectado por la informalidad y el contrabando. Además de las ventajas anotadas, se benefician con preferencias especiales en el propio mercado, ya que en algunos casos se obliga al sector público a la contratación exclusiva de sus servicios, dejando fuera al sector privado.

La discriminación contra el sector privado vulnera el art. 306 de la Constitución, que establece que los cuatro modelos de la economía se basan en principios como igualdad, justicia y equilibrio, pero además está generando un peligroso camino hacia la mayor informalización de la economía y el empleo, y a la precarización del empresariado, que genera el 70% del empleo, representa el 62% del PIB a precios corrientes y contribuye con el 96% de la recaudación tributaria, sin considerar los impuestos de YPFB.

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