La compleja agenda que se abre

El país se enfrenta a un horizonte politizado y prematuramente electoralista desde el momento en que el Tribunal Constitucional emitió la sentencia que habilita a Evo Morales para buscar la reelección indefinida. A esto se suma la desconfianza del ciudadano en las instituciones del Estado, complicando más la posibilidad de que los conflictos se gestionen buscando el bien común, antes que el beneficio sectorial o partidario. Todo esto marca una agenda complicada para las próximas semanas.

Por un lado, al Gobierno le toca ahora gestionar el conflicto por Incahuasi. Tras la confirmación de que el reservorio de gas se encuentra en territorio cruceño, la dirigencia y la población de Chuquisaca reiteraron la realización de un cabildo para el martes. El estudio sobre los límites y la ubicación de las reservas ratificó lo que ya se había dicho antes; confirmó los límites establecidos desde hace décadas, lo que deja la sensación de que la crisis entre Santa Cruz y Chuquisaca fue alimentada con otros intereses ajenos al bienestar de ambos departamentos.

Lo que se logró en el transcurso de estos meses fue que se produzca un mayor desgaste en la imagen del Poder Judicial, ya que fue cuestionado el fallo del Tribunal Constitucional que ordenó el congelamiento de las regalías petroleras para el departamento de Santa Cruz y ahora las deliberaciones de esa institución sobre este tema generan desconfianza en ambos departamentos. 

Otro tema en la agenda nacional tiene que ver con la seguidilla de denuncias de corrupción de oficialistas contra opositores, y viceversa. Las conductas dolosas de unos y de otros parecen ser el arma ideal para desgastar la imagen del adversario con miras a las elecciones de 2019. Si bien ponen en evidencia los malos manejos, solo sirven para el ataque político, ya que por lo general las investigaciones quedan inconclusas y nunca llega la sanción para los responsables. Esto también da lugar a la desconfianza en las instituciones, ya que la sociedad mantiene la idea de que las indagaciones no son independientes y que responden a un afán político-partidario.

Un tercer asunto pendiente es la emergencia de los empresarios por la política salarial y la Ley de Empresas Sociales, recientemente promulgada. Más allá de los temas puntuales, existe una aparente tensión entre los privados y el Gobierno que se complicará en los próximos días. Mientras dura la pulseada, que será política, es probable que se vea afectado el aparato productivo, lo que –una vez más– demostrará que la agenda tiene otros fines.

Frente a este escenario, urge reencaminar las decisiones de los actores, tanto del Gobierno como de la oposición, de los departamentos enfrentados así como de los empresarios privados.

Falta mucho para las elecciones y nada (ni siquiera mantener o hacerse del poder) puede justificar que se relegue lo importante, en función de los resultados políticos de corto plazo. No atender con responsabilidad los problemas del país será una deuda que se cobrará a los protagonistas, que ahora parecen estar entretenidos en una ruleta de intereses sectarios.