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| 19/03/2018


La Haya no da mar, pero dispone justicia

Existen 32 países sin soberanía marítima, organizados en las Naciones Unidas, como bloque de países sin litoral. Bolivia es el único que nació con costas que le fueron despojadas a través de una invasión armada. Perdimos 400 km de costa marítima, 120.000 km de territorio, enormes riquezas y la facilidad de insertarnos comercialmente al mundo.

La conferencia de Viena de las Naciones Unidas de 2014 concluyó que los países sin salida al mar pierden un 20% de su potencial económico y que esta condición obstaculiza su desarrollo. La ONG Oxfam hizo una investigación más específica sobre nuestro país (2016), que revela que la falta de acceso soberano al océano Pacífico impide a Bolivia crecer hasta un 1,5% al año. Además, dejó claras evidencias de que la mediterraneidad tiene efectos negativos sobre nuestra economía, dificulta nuestra integración comercial, es uno de los frenos de la inversión extranjera, además de obstaculizar el flujo de ideas y de tecnologías, entre otras situaciones. Esos y otros aspectos generan una situación de injusticia.

La demanda tiene como núcleo central las promesas unilaterales incumplidas que generaron obligaciones jurídicas. El ardid inicial de Chile fue evadir el fondo negando competencia al tribunal. El 24 de septiembre de 2015, la CIJ rechazó la excepción planteada por Chile, declarándose competente para conocer nuestra demanda. La contundencia de este fallo (14 -2) no amilanó la conocida soberbia de la élite política de los vecinos. Ese mismo día, el expresidente Ricardo Lagos esbozó que Chile no es el único país que ha obtenido territorio boliviano desde 1825. Solo tenemos el 11% de todo lo perdido por Bolivia desde 1825, advirtió en tono enérgico.

La élite que representa al Chile depredador olvida que al enclaustrarnos no podemos acceder sin trabas y costos extraordinarios a la cuenca comercial más importante del siglo 21. No le incomoda que el traslado de carga de China a Bolivia tenga costos que doblan el promedio hacia otros países de la región, en distancias similares. Menos podrían interesarse por el costo social de nuestro enclaustramiento. Un estudio del PNUD estableció que  la población de los países mediterráneos alcanza condiciones de vida significativamente menores que las de vecinos con costas. 

En la recta final de nuestra demanda, no faltan  los pesimistas que alegan que en La Haya no se regala mar; sin embargo, entre la gran mayoría de los bolivianos y pese a las impertinencias del Gobierno, que no faltan, hay una mesurada pero firme expectativa basada en el sentido de justicia de nuestro reclamo. Lo que se espera es que en estos alegatos, el mundo escuche nuestras razones y sepa que ansiamos trabajar en igualdad de condiciones, recuperando parte de nuestros derechos.

Al final, con un veredicto basado en la justicia, como ya ocurrió en otros casos, anhelamos que el tribunal de justicia más importante creado por la humanidad proyecte, bajo su garantía, una de las páginas más sabias del derecho internacional, la diplomacia y la negociación que basada en la ‘buena fe’ permitan restaurar la armonía en nuestra región. Aunque el camino es largo y aún incierto, basado en la sana expectativa de justicia que tenemos miles de bolivianos y latinoamericanos, resulta honroso recordar las palabras de uno de los más esclarecidos diplomáticos chilenos, don Luis Barros Borgoño, quien hace casi un siglo atrás señaló: “La entrega de un puerto de libre y fácil acceso, habrá de crear entre los dos países los más estrechos y duraderos vínculos de amistad”.



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