OPINIÓN



| 16/07/2017


Inseguridad ciudadana estructural

Los hechos dramáticos del pasado 13 de julio nos han dejado con una mezcla de impotencia y desamparo, la ciudadanía se siente desvalida. Entre las obligaciones de cualquier Estado organizado figuran como prioritarias la seguridad, la salud, la educación y la justicia. El Estado boliviano falla con gravedad en los cuatro campos. Eso lo convierte en un Estado semifallido, incapaz de proteger a su propia gente y de proporcionarle servicios fundamentales. Hoy el tema puntual es la inseguridad en Santa Cruz de la Sierra, ahora la urbe más peligrosa del hinterland sudamericano. En distintas escalas, la inseguridad cunde en el país entero. 

La inseguridad boliviana es estructural, no es de coyuntura ni fruto de oscuras conspiraciones ni imaginarios complots. Es la falla de un Estado donde su Gobierno no supo hacer lo que debió hacer en sus ya largos años de administración, pese al auge que hubo y que ahora entra en un cono de sombra ante la amenaza de una recesión. Se dilapidó en cosas banales, no en lo que había que gastar para mejorar la calidad de vida del pueblo boliviano. Las escuelas se caen, la justicia es tragicómica, la salud pública está copada por falencias y en materia de seguridad cualquier banda de delincuentes puede enfrentarse con un cuerpo policial sin mayor preparación ni tácticas especiales y, para colmo, en el marco de un centralismo absorbente que llega a niveles de antipatía.

Para una región como la cruceña, que representa más del 30% del PIB, el nivel policial es esmirriado. Ante cualquier urgencia o ‘peritaje’ debe venir gente del interior, como si esta tierra oriental fuera una lejana colonia poblada por retardados mentales, no la zona más productiva del país y con mayor número de universidades. Encima de ello, la Policía no dispone de armamento moderno para enfrentar criminales peligrosos, aunque sí está provista de herramientas ultramodernas para reprimir manifestaciones populares internas.

Existe un déficit estructural general. No hay buena formación de los encargados del orden público, un dañino centralismo impide que se formen cuerpos de protección departamentales y así sucesivamente. Tanta carencia -en una ciudad de dos millones de habitantes- nos lleva como la miel hacia un mayor nivel delincuencial. Por poco tiempo habrá charlas o ponencias, luego las cosas se olvidarán hasta la próxima tragedia. No, esta vez no será así. Por respeto a muertos y heridos exigimos que tanto el Gobierno central como las autoridades departamentales acuerden en conjunto un plan que supere las deficiencias que incompletamente hemos señalado.  








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