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8 de noviembre de 2017, 4:00 AM
8 de noviembre de 2017, 4:00 AM

Bajo este enfoque efectivamente podríamos coincidir con versiones oficiales que suelen afirmar que en Bolivia la inseguridad ciudadana está por debajo de la media latinoamericana, puesto que el nivel de homicidios está entre los países con menores tasas de incidencia al situarse en ocho por cada 100.000 habitantes en 2013 (Felcc, 2014) y con una tasa de 42 robos agravados por cada 100.000 habitantes, cifra que la sitúa entre los países con tasas medias de este delito.

Sin embargo, si revisamos el Índice de Seguridad Ciudadana de la Encuesta Mundial Gallup, que incluye la violencia doméstica, el nivel de confianza en la Policía, el sentimiento de seguridad de una persona y la incidencia de victimización para el delito de hurto, Bolivia tiene una puntuación de 47 ubicándose en la segunda más alta con respecto a la media Latinoamérica y del Caribe con una puntuación de 56 para el año 2013 (Gallup Poll, 2014 y ONUDC, 2013). 

Como se ve, alcanzamos estos altos niveles de inseguridad no tanto por los niveles delictivos sino sobre todo por el alto nivel de desconfianza en la policía y por la llamada violencia doméstica, expresada en alrededor de cuatro de cada diez mujeres casadas o en unión libre que reportan haber vivido una situación de violencia en su relación de pareja el último año en la ciudad de Santa Cruz,  más aun en ocho de cada diez niñas, niños y adolescentes que perciben ser maltratados en el ámbito familiar, sea física o sicológicamente o en algo más de tres de cada diez que perciben que son maltratados en el ámbito escolar por regentes, profesores o directores y cuatro de ellos por sus propios compañeros, confesando un porcentaje similar  que alguna vez ha maltratado a sus iguales.  

Esta pincelada de la realidad nos obliga a no circunscribir la seguridad ciudadana a factores de control y represión, asumiendo una aproximación multidimensional que sitúe los elementos asociados al bienestar de las personas en el centro del debate, puesto que la seguridad ciudadana es un instrumento promotor del desarrollo humano sostenible que concibe al ciudadano como el foco central de la acción de desarrollo como beneficiaria, pero sobre todo como protagonista de él en tanto sujeto de derechos. 

La inseguridad ciudadana es un fenómeno multidimensional y multicausal en el que intervienen varios factores y actores, lo que requiere un tratamiento integral y diferenciado de acuerdo a las características del municipio. Para facilitar este abordaje, es importante identificar y comprender que la inseguridad ciudadana limita el ejercicio de las libertades ciudadanas, afecta los recursos económicos, limita la posibilidad de una vida saludable, deteriora los valores de convivencia democrática, erosiona el tejido social y la confianza en las instituciones democráticas

Este enfoque holístico de la seguridad ciudadana asume la protección de la vida, así como la integridad física y material de la ciudadanía como requisitos fundamentales para que puedan fortalecer y ampliar sus capacidades y ejercer sus derechos de manera efectiva en condiciones de seguridad y libertad, con base en políticas integrales centradas principalmente en la prevención. Este enfoque requiere de altos niveles de articulación y trabajo conjunto que enfaticen el rol del gobierno municipal y la corresponsabilidad de la ciudadanía.

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